•Por mayoría calificada la cámara de Diputados del congreso de la Unión aprobó modificar los artículos 38 y 102 de la Constitución Política, en materia de suspensión de derechos para ocupar cargo, empleo o comisión del servicio público, federal, estatal, local y municipal a violentadores.

Este ordenamiento establece que se suspenden los derechos o prerrogativas de los ciudadanos por tener sentencia firme por la comisión intencional de delitos contra la vida y la integridad corporal, contra la libertad y seguridad sexuales, el normal desarrollo psicosexual, por violencia familiar, familiar equiparada o doméstica y violación a la intimidad sexual y por violencia política contra las mujeres en razón de género, en cualquiera de sus modalidades y tipos.

También, por ser declarada como persona deudora alimentaria morosa. En esos supuestos, la persona no podrá ser registrada como candidata para cualquier cargo de elección popular, ni ser nombrada para algún empleo, cargo o comisión en el servicio público.

Además, incorpora un lenguaje inclusivo y de mayor precisión en los requisitos para ser titular de la fiscalía general de la República. El dictamen se envió al Senado de la República para sus efectos constitucionales.

Al fundamentar el dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales, los diputados de Morena señalaron que desde 2021, la iniciativa “3 de 3” fue un lineamiento para el proceso electoral de ese año, y hoy se materializa la suspensión de derechos para ocupar un cargo, empleo o comisión del servicio público cuando se tenga sentencia firme en cualquiera de sus tipos penales.

Mencionaron que, si las personas, padres o madres fueran responsables con sus hijos, “estos artículos no tendrían que existir; hoy avanzamos significativamente dejando de ser observadores de actos de irresponsabilidad para las familias mexicanas y velando porque los cargos de elección popular sean para personas congruentes y comprometidas con sus hijos”.

Con la creación de nuevos ordenamientos con el “3 de 3” se deja sentado un avance histórico en materia legal, al prohibir el registro como candidato o candidata a cualquier cargo de elección popular para que no pueda ser nombrada para ningún empleo o comisión del servicio público en los casos en los que se pierden o suspenden los derechos como ciudadanos.

“Damos cumplimiento a la necesidad de prever en la Constitución las causales de suspensión de derechos ciudadanos”.

Con esta reforma se acabaron los privilegios y cero tolerancia a la violencia de género ya que un violentador es un delincuente, a ellos se les sanciona, no se les premia con cargos. Las mujeres que ocupamos hoy un cargo público, “debemos impulsar cambios en el quehacer y hacer política para evitar que la segmentación partidista sea un obstáculo para luchar por la erradicación de la violencia en contra de las mujeres”, sentenció la Diputada Federal Irma Juan Carlos.

En este dictamen no se prefiere el interés de unos para anteponer los intereses de las mayorías, aquí se demuestra que se puede construir acuerdos y avanzar en el perfeccionamiento de los marcos jurídicos para atender demandas sensibles de la sociedad; es un paso importante y necesario, pero insuficiente por sí solo, por lo que “debemos predicar con el ejemplo, a fin de desterrar las causas que dan origen a la violencia”, enfatizo la legisladora oaxaqueña, Irma Juan Carlos del grupo de Morena.