Tras la instalación del Comité de Coordinación para el Cumplimiento de la Sentencia de la Controversia Constitucional sobre los límites territoriales entre Oaxaca y Chiapas, se avanza para hacer realidad en los hechos la restitución de 162 mil hectáreas al pueblo zoque. Sin embargo, no será fácil ni sencillo ya que representantes de 15 ejidos chiapanecos ubicados en la zona han denunciado amenazas de desalojos. Ya advirtieron: «No vamos a permitir que nos saquen, defenderemos nuestras tierras; hemos vivido 50 o 60 años en esas tierras y no las vamos a dejar así nomás, las vamos a defender. No vamos a salir, las defenderemos”.

Lo comuneros zoques de Chimalapas advirtieron al gobierno que encabeza Salomón Jara Cruz, y al Congreso local, reformar de inmediato su constitución local para hacer valer dicha resolución y también que el gobierno federal aplique la sentencia a través de una redistritación como lo hizo el Instituto Nacional Electoral (INE) en el 2015, cuando literalmente cedió tierras comunales zoques y de soberanía oaxaqueña, a ganaderos chiapanecos.

Desde 1991 los Chimas ofrecieron a esos núcleos indígenas la conciliación y su incorporación a Los Chimas, pero solo 6 de ellos aceptaron, y siguieron obedeciendo al gobierno de Chiapas. El Comité Nacional para la Defensa de los Chimalapas, alertó que en Chiapas el gobierno obradorista tiene intereses, por su cercanía con el gobernador chipaneco, Rutilio Escandon Cadenas y por los vínculos familiares y de negocios existentes en aquella entidad.

Hoy el reto es acatar la ley y evitar cualquier insinuación de violencia que complique la convivencia en esa amplia región del estado.

Fue detenido el notario público J.A.M.G., como probable responsable de diversos ilícitos y vinculada al llamado “cártel del despojo”. Hay que reconocer la coordinación entre las Fiscalías Generales del Estado (FGEO) y de la República (FGR) para que a través de la Organización International de Policía Criminal (Interpol) se lograra la detención en Turín, Italia del fedatario. Está relacionado con hechos delictivos como falsificación de documentos, ejercicio ilícito del servicio público y violación a otras garantías. Se asegura que otros fedatarios están en capilla.

Trabajadores del Departamento de Operación y Pagos de la Secretaria de Salud de Oaxaca exigen la salida de su jefe Miguel Ángel Ruiz Flores, tras dar a conocer que los recursos financieros para el pago de sueldos y salarios correspondientes a la quincena 07 de este año, no serian radicados a la cuenta pagadora de nomina que manejan, implicando con esto que los recursos serían dispuestos a una cuenta bancaria de una empresa externa y que esta tendría la facultad de por “instrucciones superiores” de efectuar el pago correspondiente para aquellos trabajadores que cobran a través de Banorte, identificándose que el concepto de pago es “deposito por cuenta de terceros” y no como “abono de nómina electrónica” como se reconoce una relación laboral. Una “Caja de Pandora” que va arrojar muchas sorpresas.

En los lazos de colaboración institucional que el titular del Poder Judicial del Estado, magistrado Eduardo Pinacho Sánchez, ha construido con organizaciones de la sociedad civil, este martes 18 de abril se realizará la mesa de análisis: Efectos de la Sentencia de la Corte Interamericana Digna Ochoa y familiares vs. México en el Poder Judicial, en la cual participarán la directora de Propuesta Cívica A.C., Sara Mendiola Landeros; el director de Control, Análisis y Evaluación de la CEDH-Chihuahua, Alejandro Carrasco Talavera y el catedrático Adrián Rentería. La mesa de análisis sobre este caso emblemático en nuestro país, la cual es coordinada por el PJEO y el Programa por la Protección de Personas Defensoras y Periodistas (PDP), tendrá lugar en el auditorio del Tribunal Superior de Justicia, en Ciudad Judicial, a las 11 horas, con acceso abierto.

La noche del pasado jueves fue asesinado Félix Vicente Cruz, agente municipal de la comunidad 20 de Noviembre “El Morro”, San Francisco, Ixhuatán, cuando cuando estaba en su oficina y fue atacado a balazos presuntamente por dos personas. El activista era defensor de la tierra y el territorio e integrante de la resistencia civil pacífica contra las altas tarifas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y opositor al proyecto del corredor transístmico.

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