Una vez más  se ha emplazado a las instituciones del Estado a promover políticas públicas tendientes a erradicar la violencia psicológica, el acoso, el hostigamiento sexual, y la discriminación contra las mujeres, adoptando compromisos para no tolerar ni ser parte de este tipo de prácticas. Y se ha planteado a las mujeres que aspiran a ocupar un cargo político en sus comunidades a visibilizar cualquier tipo de discriminación en su contra como un primer paso para desterrar este tipo de agravios.

Si bien es obligación del Estado generar las condiciones de equidad, en la participación de las mujeres en la vida política y en el ejercicio público, a través de acciones afirmativas y ajustes razonables, a fin de garantizar de manera efectiva los derechos humanos, también lo es que persisten graves violaciones al derecho a la vida, a la integridad, a la seguridad, a una vida libre de violencia en razón de género contra las mujeres.

Tanto para aquellas que participan en procesos para ocupar cargos de representación popular, así como para las que ejercen la función pública quienes aún, continúan siendo violentadas, esto durante el proceso de su elección y en el ejercicio del cargo.

En la presentación del Informe Especial: “Violencia contra las Mujeres en el Ejercicio Público”, por parte de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, se resaltó que la violencia política por razón de género y la violencia en contra de las mujeres en el ejercicio público, no solo afecta a las mujeres que participan en la toma de decisiones, sino que también tiene un impacto negativo en la sociedad, debilita a un Estado democrático y limita la participación de toda la ciudadanía.

Con el argumento de que las investigaciones que realiza el IEEPO en la Escuela Normal “Vanguardia” de Tamazulápam del Progreso, sólo tienen un sesgo político, la Sección 22 de la CNTE consideró que las indagatorias institucionales son un acto de criminalización, ha denostado las dinámicas internas, así como la forma de lucha del normalismo. El sindicato que encabeza Jenny Pérez Martínez rechazó todo ataque que se realice en contra de los integrantes de la Normal, desde directivos, docentes, personal de apoyo y estudiantes normalistas.Todo esto se originó cuando una estudiante resultó gravemente herida mientras que otras presentaron lesiones y crisis nerviosas como resultado de una serie de hechos violentos que se registraron al interior del plantel. Tras los sucesos, la DDHPO solicitó la intervención de las autoridades para garantizar la integridad y los derechos humanos de estudiantes.

A pesar de que se ha insistido en evitar caer en las “ofertas” de vivales que pregonan la venta de plazas en la administración pública, se siguen presentando denuncias. Tras la detención y vinculación a proceso de una persona imputada por los delitos de tráfico de plazas y falsificación de documentos al interior del IEEPO, se debe actuar con apego a la ley para castigar este ilícito. El propio director General, Emilio Montero Pérez, confirmó que ninguna persona será encubierta ya que los defraudados han perdido entre 60 y 150 mil pesos o más. Hoy el reto es de la Fiscalía General de Estado para investigar a fondo la venta de plazas y detener a los presuntos defraudadores.

Agobiados por la falta de atención a sus demandas y necesidades, estudiantes del Instituto Tecnológico de Oaxaca (ITO), tomaron las instalaciones para exigir la salida inmediata del director, Javier Fuentes García. Inconformes por las crecientes deficiencias en materia educativa y falta de equipo en las diferentes carrereas, lamentaron el comportamiento de la dirección que no ha logrado gestionar ante las autoridades educativas respuestas positivas a sus peticiones. Por el prestigio de la institución es necesario evitar que este tipo de conflictos trastoquen su buena marcha.

A medida que avanza el proceso electoral las autoridades y los partidos políticos  deben asumir el compromiso de garantizar un ambiente de civilidad, orden y paz, ante el riesgo de que en algunos municipios en el país, particularmente en zonas rurales, simple y sencillamente no hay condiciones para llevar a cabo las elecciones. Urge impulsar una agenda que blinde a sus candidatos de la influencia de la delincuencia, ante el riesgo de que esta dolorosa realidad sea abrumadora.

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