Demandar una agenda y mapa de riesgos para el proceso electoral local del próximo 2 de junio, es una tarea trascendente e impostergable con el objetivo de identificar posibles “focos rojos” en el estado y evitar que la violencia empañe la próxima jornada electoral. El planteamiento de la fracción parlamentaria del PRD se sustenta en el incremento de homicidios, principalmente precandidatos a presidentes municipales, síndicos y diputados locales.

El crimen organizado es uno de los retos más apremiantes para las elecciones de este año, pues tan solo en 2022 se registraron 322 eventos violentos que derivaron en 389 víctimas, registró la consultora Lantia Intelligence, mientras  Integralia Consultores estimó como “alta” la probabilidad de que la violencia política e injerencia del crimen organizado esté presente en las elecciones

Si bien la seguridad no es una atribución de las autoridades electorales, el despliegue en campo del personal del INE y del IEEPCO debe ser acompañado por las instancias de seguridad para el éxito del proceso electoral. Por eso se insiste en replicar este esquema de colaboración en coordinación con el Gobierno de Oaxaca. Existen por lo menos 60 municipios considerados “focos de conflictividad” de cara al proceso electoral, 40 identificados “rojos” debido a la inseguridad pública y a conflictos sociales; el resto en color “amarillo” que reclaman especial seguimiento.

La violencia sobre aspirantes, candidatos y otras personas que participan en los procesos, además del daño directo a las víctimas y sus familias, afecta gravemente a la democracia, en tanto que inhibe la participación en política y ahuyenta a los ciudadanos de las elecciones.

Los legisladores locales aprobaron la desaparición de cinco dependencias del Gobierno del Estado para ser adscritas a secretarías. Creada en esta administración la Jefatura de Gabinete fue extinguida, desapareció la Dirección General de Población de Oaxaca, como también la Coordinación General de Educación Media Superior y Superior, Ciencia y Tecnología; el Instituto para el Fomento y la Protección de las Artesanías y el Instituto Oaxaqueño del Emprendedor y de la Competitividad. Los nombramientos por condición laboral de mandos medios y superiores otorgados desde la creación de las dependencias extintas quedan sin efecto.

Tal y como se esperaba el STEUABJO prorrogó la huelga que tenía emplazada para el 1 de febrero y continuar las negociaciones con el rector Cristian Carreño López par revisar sus demandas, entre ellas, aumento al salario y revisar presuntas violaciones al contrato colectivo de trabajo. Los sindicalistas manifestaron su decepción con el rector al afirmar que mantiene una actitud déspota y soberbia al privilegiar una agenda con tintes políticos antes que atender los problemas laborales de esa casa de estudios. Por lo pronto los agraviados siguen siendo los ciudadanos y los estudiantes al cancelarse las clases.

Debido al alza indiscriminada en el cobro de las pipas de agua, que en los últimos tres meses se han disparado, el secretario de Gobierno Jesús Romero López aseguró que se trabaja para estabilizar los precios pues han llegado a pagar hasta mil 700 pesos por un servicio. Se dialogará con la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) para evitar la disparidad en el costo, se revisarán las concesiones de quienes brindan el servicio de distribución y se actuará para evitar que cierren las válvulas de agua para hacer negocio y enriquecerse con el abasto del líquido.

Con la premisa de que la democracia requiere contrapesos para garantizar el  derecho a la información, acceso, transparencia y protección de datos personales, diversas organizaciones de la sociedad civil dieron a conocer un posicionamiento sobre las reformas constitucionales que enviará el presidente Andrés Manuel López Obrador el próximo lunes 5 de febrero. Refrendaron su oposición a que desaparezcan los organismos autónomos, en particular el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), cuyos recursos han sido recortados cada año, mientras que los Ramos Administrativos acumulan un incremento del 31%.

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