La elección de rector en la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca (UABJO) arrastra desde hace años una sombra persistente de opacidad y prácticas que apuntan a la corrupción, minando no solo su prestigio académico, sino también la confianza de la sociedad oaxaqueña. El escenario se complica sensiblemente por la descarada intervención de funcionarios del Gobierno de Oaxaca que pretenden imponer a uno de sus peones al frente de la otrora máxima casa de estudios.
Lo que debería ser un espacio de formación, pensamiento crítico y transparencia institucional, se ha convertido en múltiples ocasiones en terreno fértil para el manejo discrecional de recursos y la falta de rendición de cuentas. Situación que actualmente alcanza niveles de escándalo con la administración del rector Cristian Carreño López, debido a la falta de mecanismos efectivos de rendición de cuentas. Aunque existen instancias formales de supervisión, estas suelen carecer de autonomía o fuerza real para sancionar irregularidades. La consecuencia es una cultura de impunidad donde las denuncias rara vez derivan en investigaciones profundas o sanciones ejemplares.
Sin duda, uno de los principales problemas es la limitada claridad en el uso del presupuesto. A pesar de tratarse de recursos públicos, la información sobre su destino suele ser fragmentada, poco accesible o simplemente inexistente para la comunidad universitaria. Esta opacidad abre la puerta a irregularidades que difícilmente pueden ser auditadas por estudiantes, docentes o la ciudadanía.
La corrupción y la opacidad no solo afectan las finanzas de la UABJO; también tienen un impacto directo en la calidad educativa. Infraestructura deteriorada, falta de materiales, retrasos administrativos y conflictos internos son síntomas visibles de una gestión que no coloca a la academia como prioridad.
Por ello, a pocas semanas para que los universitarios definan a su autoridad, resulta urgente replantear el modelo de gobernanza universitaria. La transparencia proactiva, auditorías independientes, participación real de la comunidad universitaria y el fortalecimiento de órganos de control son pasos indispensables para recuperar la credibilidad de la institución.
Sin estos cambios, la UABJO seguirá atrapada en un ciclo donde la opacidad alimenta la corrupción, y la corrupción a su vez, profundiza el rezago educativo.
… A VUELO DE PÁJARO
En nuestro estado la presidenta Claudia Sheinbaum alcanza 71.5% de aprobación, colocando al estado en el lugar 9 nacional en respaldo presidencial.
El gobernador Salomón Jara registra 51.3% de aprobación, ubicándose en el lugar 16 del ranking nacional de gobernadores, mientras que en el ámbito municipal destaca Raymundo Chagoya, presidente municipal de Oaxaca de Juárez, con 50.6% de aprobación y lugar 56 nacional, dentro del grupo de alcaldes con evaluación positiva. Oaxaca confirma así un escenario de equilibrio entre gobierno estatal y municipal, con evaluaciones relativamente estables.
Sequía
Miles de familias pasan días sin agua mientras las autoridades reparten excusas y pipas como si fueran solución. La realidad es otra: redes colapsadas, fugas ignoradas, acuíferos sobreexplotados y cero planeación. El agua no puede seguir siendo un privilegio ni un negocio para unos cuantos. Oaxaca está cansada de cargar cubetas mientras otros simulan gobernar. El desempeño de la Comisión Estatal del Agua para el Bienestar deja mucho que desear. En lugar de garantizar un servicio eficiente y continuo, la ciudadanía enfrenta cortes constantes, mala distribución y una evidente falta de planeación. Las fallas no son nuevas, pero sí cada vez más graves.
Revictimización
La revictimazación y malos tratos son la constante que mujeres que han sido víctimas de alguna agresión o violencia sexual y han realizado las denuncias ante la Fiscalía General del Estado de Oaxaca. Es una realidad persistente que refleja fallas estructurales en las instituciones encargadas de procurar justicia, brindar atención y garantizar derechos. En Oaxaca, este fenómeno se agrava por varios factores: la falta de perspectiva de género en funcionarios, la impunidad que prevalece en delitos contra mujeres, la desigualdad en comunidades indígenas donde el acceso a la justicia es más limitado, y una cultura que aún tiende a normalizar la violencia. El resultado es devastador: muchas mujeres desisten de denunciar, se profundiza el trauma y se envía un mensaje de tolerancia hacia los agresores.
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