El nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares en México representa un cambio profundo en la forma de impartir justicia, pero su implementación enfrenta retos importantes que podrían frenar sus beneficios si no se atienden con seriedad. El primer gran desafío es la capacidad institucional. Muchos juzgados, especialmente en estados como Oaxaca, operan con rezagos históricos, falta de personal y recursos limitados. La transición hacia audiencias orales y procesos más ágiles exige infraestructura adecuada, tecnología funcional y capacitación constante, algo que hoy no está garantizado.

Otro punto crítico es la resistencia al cambio, y que el nuevo modelo rompe con prácticas tradicionales escritas y burocráticas. Jueces, abogados y personal judicial deben adaptarse a una lógica más dinámica, transparente y centrada en la oralidad, pero no todos están dispuestos o preparados para ello. También está el reto de la capacitación real y no simulada. No basta con cursos rápidos; se requiere formación profunda para operadores del sistema. De lo contrario, existe el riesgo de que el nuevo código se aplique mal, reproduciendo los mismos vicios que pretende erradicar.

La brecha tecnológica es otro obstáculo evidente. La digitalización de procesos, expedientes electrónicos y audiencias a distancia puede mejorar el acceso a la justicia, pero en muchas regiones del país —particularmente en zonas rurales— el acceso a internet y herramientas digitales sigue siendo limitado. Además, preocupa la sobrecarga de trabajo. Paradójicamente, un sistema diseñado para agilizar podría colapsar si no se redistribuyen adecuadamente los casos y no se incrementa el número de operadores judiciales.

También está el reto de la credibilidad. La ciudadanía no solo espera procesos más rápidos, sino justicia efectiva. Si el nuevo código no logra traducirse en resoluciones más justas, transparentes y oportunas, la desconfianza hacia las instituciones se mantendrá intacta. No es una solución automática: es una oportunidad. Pero sin inversión, voluntad política y vigilancia ciudadana, corre el riesgo de convertirse en otra reforma bien intencionada que se queda en el papel.

…. A VUELO DE PÁJARO

Toribio López Sánchez, director de la Policía Vial Estatal, se encuentra en el “ojo del huracán” ante la serie de señalamientos en su contra por tolerar presuntos actos de corrupción. Una más es la venta de plazas en donde se involucra a varios funcionarios de la dependencia y la falta de respuestas a quienes han sido agraviados. Estas acusaciones, de confirmarse, evidencian un problema estructural que va más allá de casos aislados. La venta de plazas no solo representa un acto de corrupción, sino que compromete la calidad y profesionalización de la corporación, al permitir el ingreso de personal sin los perfiles adecuados o bajo compromisos ajenos a la legalidad.

Feminicidios 

Según el seguimiento hemerográfico del Centro de Documentación del Grupo de estudios sobre la mujer «Rosario Castellanos» (GESMujer), del 01 de enero al 10 de mayo del 2026, suman 27 feminicidios en Oaxaca. El mayor número de muertes violentas ha ocurrido en Valles Centrales con 8 feminicidios; 7 en el Istmo de Tehuantepec y la región Costa suman 6 con el asesinato de Areli hace unos días en 

la playa Aragón, en el municipio Santa María Tonameca. Los feminicidios continúan golpeando a Oaxaca, evidenciando una crisis de violencia de género que no cede pese a los discursos oficiales. Cada caso no solo representa una vida arrebatada, sino también el fracaso de las instituciones encargadas de prevenir, investigar y sancionar estos crímenes.

Reclamos 

Aumentan los reclamos y la irritación en contra de la Comisión Estatal del Agua para el Bienestar (Ceabien) y el Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SOAPA), porque no hay respuesta a la falta del vital liquido en sus hogares. Los anuncios oficiales se quedan en medidas parciales: reparto de pipas, promesas de rehabilitación de pozos o proyectos que no terminan de concretarse. No hay una ruta clara que garantice abasto sostenible, ni acciones visibles para modernizar la infraestructura, reducir fugas o gestionar de manera eficiente el recurso. La falta de inversión, planeación y rendición de cuentas ha agravado una situación que impacta directamente en la salud, la economía y la calidad de vida de miles de familias.

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