El paro de labores de la Sección 22 en Oaxaca vuelve a colocar en evidencia una contradicción histórica: la lucha legítima del magisterio frente a un sistema que incumple, pero también el alto costo social que estas acciones imponen a miles de estudiantes. El bajo nivel educativo en nuestro estado es una de las problemáticas más persistentes y profundas del estado, y refleja no solo fallas del sistema escolar, sino también desigualdades sociales, económicas y culturales arraigadas.

Oaxaca ha sido históricamente una de las entidades con mayor rezago educativo en México. Datos del INEGI muestran que más del 50% de su población adulta no ha concluido la educación básica, colocándolo entre los estados con peor nivel educativo del país. Aunque ha habido avances, el problema sigue vigente: en años recientes, alrededor del 30% de la población continúa en condición de rezago educativo, incluso con tendencias al alza 

La Sección 22 convocó a un paro de 72 horas acompañado de marchas, bloqueos y toma de casetas, como parte de una estrategia de presión para reactivar el diálogo con el gobierno y exigir demandas laborales, como la abrogación de la Ley del ISSSTE y solución a adeudos y pendientes administrativos. Este tipo de movilizaciones no son nuevas: apenas en febrero se había realizado un paro indefinido por incumplimientos en pagos a docentes, evidenciando una relación tensa y reiteradamente rota entre autoridades y magisterio.

Suspender clases de forma recurrente convierte a los estudiantes en rehenes de un conflicto que no provocaron. Cada paro representa días perdidos de aprendizaje que difícilmente se recuperan, especialmente en contextos de alta marginación.

La normalización del paro como herramienta política ha generado un círculo vicioso: el gobierno responde tarde o de manera insuficiente, el magisterio radicaliza sus acciones, y la educación queda atrapada en medio. Mientras tanto, se profundiza el rezago educativo y se debilita la confianza social en las instituciones.

Otro aspecto crítico es el impacto más allá de las aulas. Las movilizaciones incluyen bloqueos carreteros, toma de casetas y afectaciones económicas, lo que genera tensiones con la sociedad civil. Así, una lucha que podría sumar respaldo social termina, en muchos casos, generando desgaste y división.

…. A VUELO DE PÁJARO 

En lugar de ser reconocido por su riqueza cultural y su fuerte identidad comunitaria, Juchitán aparece cada vez más asociado con noticias de robos, extorsiones y enfrentamientos que mantienen a la población en un estado constante de temor. Las autoridades, en sus distintos niveles, han demostrado una incapacidad —o falta de voluntad— para garantizar la seguridad de los ciudadanos. La presencia policial resulta insuficiente y, en muchos casos, cuestionada por la desconfianza social. Mientras tanto, los grupos delictivos aprovechan este vacío de poder para expandir su influencia, imponiendo reglas propias y debilitando el tejido social.

A la deriva 

Farid Acevedo López representa todo lo que muchos universitarios temen para la UABJO: la captura política de una institución que debería ser autónoma. Su perfil no nace de las aulas ni de la vida académica, sino del aparato gubernamental, donde las decisiones responden a intereses de poder y no a principios educativos. Pretender —directa o indirectamente— influir en la rectoría bajo esas condiciones no solo es cuestionable, es un golpe frontal a la esencia misma de la universidad. La UABJO no necesita operadores políticos reciclados, necesita liderazgo académico, legitimidad y compromiso real con la comunidad universitaria. La llegada de perfiles ligados al gobierno refuerza la percepción de que la universidad es utilizada como botín político, donde lo importante no es la educación, sino el control. Y ese control se traduce en decisiones opacas, imposiciones y una constante degradación institucional.

Presupuesto 

La presidenta de la JUCOPO, Tania Caballero Navarro estableció el respaldo total de Oaxaca al Plan B de la Reforma Electoral y subrayó que la transparencia es la mejor defensa. Resaltó que el Congreso local es financieramente eficiente, pues los datos duros revelan que el Poder Legislativo de Oaxaca gasta casi la mitad de lo permitido por la Presidenta de México, con 0.44%, muy por debajo del 0.7% sugerido. En su evaluación dijo que no solo cumplen con la austeridad republicana, sino que se ha convertido en uno de los más “baratos” del país en relación con el presupuesto estatal ante la sugerencia que los congresos locales no deben exceder el 0.7% del presupuesto total de sus estados, y Oaxaca ha tomado la delantera.

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