A dos semanas de que inicie el ciclo escolar 2023-2024 continúa la polémica generada por los libros de texto. Hoy se asegura que ofrecen una versión populista de la educación ajena al humanismo y a la ciencia. Una versión populista de la educación, por la que se quiere educar no para el progreso moderno, sino para que las niñas, los niños y los adolescentes se integren al pueblo, a la cultura y los valores espontáneos de las comunidades locales y que vuelvan la espalda a la ciencia y a la tecnología.

A decir de Gilberto Guevara Niebla, especialista en educación, el humanismo está ausente del todo en estos libros si entendemos por eso el principio universal de que todos los hombres somos iguales, independientemente de raza, origen, color, género, lengua.

Lo más dañino de los libros de texto de la SEP es que se trata de una elaboración política ideológica que carece de cualquier fundamento científico. Lo que la SEP busca es acabar con la educación moderna que tenemos, a la que califica de ‘neoliberal’, y sustituirla por una ‘educación popular’ que corresponda con el discurso populista del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Si en algo coinciden todos es que el sistema educativo es el único que en una sociedad tan desigual puede construir miradas y valores compartidos para cohesionar lo que otras esferas de la vida social separan.

En su homilía dominical, el arzobispo de Antequera Oaxaca, monseñor Pedro Vásquez Villalobos, confió haya mayor presencia de jovenes ya que serán los responsables de llevar adelante las instituciones. “Nosotros nos vamos a ir, porque tenemos que irnos, y ellos van a ocupar nuestro lugar”. Por ello es necesario que comiencen a formarse en la familia, ya que en la familia aprenden a amar, “en la familia aprenden a respetar, en la familia aprenden a ser personas de bien, personas de provecho en la sociedad”. Ahí es donde tienen que formarse esos grandes estudiantes, los futuros servidores públicos de nuestras comunidades y sociedad. Recomendó cuídense mucho, “porque a veces este mundo se los come, este mundo les ofrece la vida fácil y les presenta las alegrías falsas, los gozos que no perduran, este mundo les invita a satisfacer sus pasiones y sus deseos”.

La Ley Nacional de Ejecución Penal exige garantizar el respeto a los derechos humanos y la dignificación de las personas privadas de su libertad, por lo cual con el objetivo de fortalecer la cooperación institucional, el titular del Poder Judicial del Estado, magistrado Eduardo Pinacho Sánchez, se reunió con el director general de la Defensoría Pública del Estado de Oaxaca, Marcelo Merino García y su equipo de trabajo. Para la institución responsable de la impartición de justicia esta suma de esfuerzos representa un paso importante, desde el pluralismo jurídico, ya que coadyuva a atender temas que involucran a sectores en situación de vulnerabilidad y garantizar a las y los hablantes de lenguas indígenas su derecho a ser asistidos en un juicio por un intérprete o traductor que conozcan su lengua.

Algo y pronto deben hacer las autoridades municipales y estatales para evitar que actos vandálicos terminen con edificios históricos en nuestra capital. Las pintas realizadas en muros del exconvento de Santo Domingo de Guzmán exhiben la desidia del gobierno municipal que encabeza Francisco Martínez para evitar estos y otros actos que atentan contra el patrimonio de los oaxaqueños. Muchos edificios e inmuebles localizados en el centro de la ciudad, han sufrido daños que atentan contra su originalidad, daños irreversibles que afectarán invariablemente a estos monumentos.

Nuestro territorio sigue siendo paso de indocumentados que son presa de “polleros”. El pasado fin de semana el Instituto Nacional de Migración (INM), en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de Oaxaca, rescató a 265 migrantes que eran transportados en condiciones de hacinamiento y con grave riesgo para su vida. A través de dos vehículos tipo Torton fueron detectados en esta ciudad y al revisarlos encontraron a las personas extranjeras que no pudieron acreditar su estancia legal en el territorio nacional. Viajaban 191 núcleos familiares, 26 menores no acompañados y 48 adultos solos.

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