Los oaxaqueños demandan seguridad física y patrimonial, tanto para la vida diaria porque todos salen a trabajar, tienen hijos en la escuela y quieren un ambiente sano lejos de la violencia, como por ser un elemento indispensable para alcanzar progreso y desarrollo. Actualmente no se puede entender la gestión pública sin la participación de la sociedad civil, que impulse y alimente la cultura de la legalidad como la vía para frenar la violencia, la inseguridad, la impunidad y la corrupción.

Si bien los gobernados debemos cumplir la ley por convencimiento, la autoridad esta emplazada a que con sus acciones ponga el ejemplo, pues es necesario que los servidores públicos se comprometan a buscar resultados, pues dada la magnitud del problema, las autoridades deben ser incluyentes y colaborar con todos aquellos que estén dispuestos a participar activamente en la reducción de la violencia.

Las autoridades necesitan involucrarse no solo en el proceso de toma de decisiones, sino también en el seguimiento a las acciones realizadas y, de ser posible, en el proceso de implementación de las políticas públicas. En momentos en que la delincuencia parece ganar la guerra a los gobiernos es importante sumar esfuerzos, instituciones y sociedad, para impulsar resultados concretos, pues los atracos son cotidianos, no hay capacidad de respuesta del gobierno porque no hay policías suficientes y los pocos que hay carecen de estrategia.

Acción Ciudadana Frente a la Pobreza elaboró un diagnóstico sobre las condiciones laborales en cada uno de los estados del país: la Escala del Trabajo Digno, la cual refleja que la pobreza está estancada desde hace muchos años y que su principal causa está en el sistema laboral, incluso en los trabajos formales. Se trata de Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán, que en conjunto concentran una Población Económicamente Activa de 16 millones de personas, pero sólo 628 mil personas, tienen trabajo formal en la iniciativa privada y ganan un salario superior a 20 mil pesos mensuales.

Se anima el cotarro político y Jesús Zambrano Grijalba, dirigente nacional del PRD, no perdió la ocasión para señalar al presidente Andrés Manuel López Obrador de “jefe de la delincuencia electoral organizada en México”. Desde el partido Morena se encuentra realizando una serie de alianzas, incluso con el crimen organizado, para poder lograr ganar elecciones en todo el país, arremetió, y fue más al decir que “el Presidente es muy valiente para combatir a sus opositores y no a la delincuencia que afecta a las entidades de México”. Por eso advirtió que López Obrador ya se dio cuenta que pueden perder la próxima elección presidencial ya que existe una verdadera oposición a su proyecto de gobierno y por ello esperan que los ataques se incrementen durante los próximos meses.

El ex gobernador de Michoacán y ex legislador del PRD, Silvano Aureoles estuvo en Huajuapan de León donde se reunió con dirigentes y militantes del PAN, para promover su nominación y explicar su proyecto “Por Amor a México”. Autocritico ofreció una disculpa a los mexicanos porque dijo, en buena medida somos culpables de la tragedia y víctimas del engaño de este «populista, autoritario y aspirante a dictador que hoy tenemos de Presidente”. También estuvo en Oaxaca de Juárez, el senador Miguel Mancera, con aspiraciones de encabezar al Frente por México. Advirtió que si se enturbia el proceso para elegir al aspirante del frente opositor se puede dividir, por lo que llamó a consolidarlo como un gran proyecto para construir un gobierno de coalición.

Existe el compromiso de la Secretaría de Fomento Agroalimentario y Desarrollo Rural del Estado de Oaxaca y la Comisión Estatal Forestal de producir 10 millones de plantas en este 2023, con el objetivo de reforestar hasta 10 mil hectáreas en este año, en las ocho regiones del estado. Al año se deforestan en Oaxaca entre 25 y 30 mil hectáreas de bosques principalmente en las regiones de la Sierra Sur y Mixteca. El cambio de uso del suelo, los incendios forestales y el método de roza y quema que realizan los campesinos en bosques y selvas han provocado que la entidad pierda 20% de sus tierras forestales durante los últimos cinco años. Urge pasar de las promesas a los hechos.

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