La inscripción de Layda Sansores en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género debe obligar a redoblar las acciones para desalentar este tipo de actitudes. Es uno de los principales lastres que impiden el ejercicio pleno de los derechos políticos y electorales de las mujeres.

Si bien México ha logrado avances fundamentales para garantizar los derechos de las mujeres a nivel nacional, mediante el fortalecimiento del derecho interno, una sólida institucionalidad de género, y un incremento de los recursos públicos etiquetados para la igualdad, persisten las desigualdades de género en todos los niveles de desarrollo, que afectan en mayor medida a mujeres que viven en situaciones de vulnerabilidad.

Si se pretende hablar de democracia en nuestro país, se debe hacer sobre la base de la igualdad en el ejercicio de los derechos político-electorales de mujeres y hombres, construir alianzas en la atención a los derechos humanos de las mujeres pues hay una crisis de violencia contra las mujeres en el ámbito público y en el privado.

A no dudar si las cosas están mejor ahora, ha sido gracias a todas las mujeres que han peleado desde sus propios espacios, desafortunadamente algunas a costa de su vida y su integridad, pues la violencia en contra de las mujeres ha llegado a una normalización, lo cual da lugar a que se minimicen tanto la gravedad de los hechos como sus consecuencias.

Con la premisa de trazar la ruta para “hacer cambios que pueden impactar y en su momento exista un verdadero Tribunal de Justicia Administrativa”, en sesión extraordinaria el Pleno del Congreso de Oaxaca aprobó la renuncia de Raúl Palomares Palomino como magistrado de la Sala Superior. Aseguran que la limpia va en serio  pues hace poco el gobernador Salomon Jara Cruz sostuvo: “Se está estudiando qué pasará con el Tribunal de Justicia Administrativa porque no ayudan a combatir la corrupción al contrario protegen y pareciera que están al servicio de las empresas constructoras”.

Después del primer Lunes del Cerro donde se presentó la Guelaguetza, el gobernador Salomon Jara Cruz anuncio que se corregirán las deficiencias detectadas, situaciones que fueron resaltadas por “algunos” y por integrantes del ex Comité de Autenticidad para desacreditar la organización. Sin embargo, resaltó que y no hubo contratos con medios nacionales, artistas,  y se recuperó su espíritu ancestral y se llevó a las calles para que todos y todas la pudiéramos disfrutar, dejando atrás la vocación comercial y elitista. En ese ánimo, se debe analizar la posibilidad de que en el próximo desfile de delegaciones cambie de ruta y se atienda la zona sur de nuestra capital y no sea siempre la parte norte.

Los indígenas junto con las personas homosexuales y migrantes son percibidas como más vulnerables a la discriminación, lo cual obliga a reflexionar

en torno a las demandas históricas que tienen los pueblos indígenas. De ahí que tales grupos confían que el Plan Estatal de Desarrollo 2022-2028 contenga políticas públicas para garantizar el pleno respeto a las garantías de estos sectores e impulsar el desarrollo de ellos y sus comunidades. El principal problema que percibieron las minorías étnicas es la discriminación (19.5%); seguido de la pobreza (9.4%) y el apoyo del gobierno (8.8%), estableció el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEGI).

Debido a que les adeudan desde hace tres años el pago del finiquito y pensión a 25 trabajadores que se jubilaron tras prestar entre 25 y 40 años de servicio, jubilados y pensionados del ayuntamiento de Oaxaca de Juárez, protestaron frente al palacio municipal para exigir al presidente Francisco Martínez Neri, el pago del Fondo Económico de Pensiones. La deuda de más 18 millones de pesos y más de cuatro millones a las organizaciones sindicales por concepto de cuotas se acrecienta sin que nadie acuda en su auxilio.

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