Ni la comunidad de Cal y Mayor ni la de Belisario Domínguez están considerados para ser reconocidos como municipios de Oaxaca, si bien la primera estaba en territorio chiapaneco tras la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) hoy forma parte de nuestra entidad, por lo que envió al Gobierno del Estado una solicitud formal en la cual solicitan se les brinden los servicios públicos, argumentando ser oaxaqueños.

El resolutivo cuarto determina que Oaxaca y Chiapas en conjunto con la Federación deben establecer los mecanismos de coordinación y programas pertinentes para definir la prestación de servicios públicos comunes a la población habitante en la frontera territorial. Garantizar indistintamente la prestación de los servicios públicos a toda la población, en tanto se concluya la realización de todos los efectos establecidos.

Con base en ello, establecer un programa de ordenamiento ecológico regional, garantizar la participación social de los grupos que habitan en la zona, por ello el gobierno de Oaxaca busca dar cumplimiento a través de diversas acciones, como acompañar a las comunidades indígenas que cuentan con interés legítimo en el asunto y la creación de grupos multidisciplinarios para la atención integral de las comunidades al entrar en juego la modificación territorial.

El reto es socializar las acciones gubernamentales para conseguir dichos objetivos, atender de primera línea las necesidades básicas de las comunidades y la instalación de la mesa Interinstitucional entre los ejecutivos de Chiapas y Oaxaca

para la creación de un programa de manejo ambiental regional.

Así como la creación de un Comité de Coordinación para el Cumplimiento de la Sentencia de la Controversia Constitucional número 121/2012, en Santa María Chimalapa, con la que se restituyen 162 mil hectáreas al pueblo zoque. La firma del Convenio Amistoso de Límites Territoriales entre ambas entidades y la emisión de de dictámenes técnicos que confirman la localización, identificación y georeferencia de los puntos establecidos en la sentencia.

Tras sostener que el Gobierno de Oaxaca es respetuoso de la táctica y estrategia de lucha de la Sección 22 de la CNTE, el gobernador Salomón Jara Cruz estableció que no es necesario actuar como lo hacían frente a “los gobiernos corruptos y represores. Los bloqueos, la retención de personas y la radicalización no hacen más que afectar a la ciudadanía”. Pidió apostar por la vía del diálogo y la conciliación como principal instrumento de lucha y la concertación para alcanzar los objetivos compartidos. Después del 17 de junio se definirá la fecha para una próxima reunión de trabajo para avanzar en la nueva Ley Estatal de Educación. Antes, los días 15 y 16 de junio se llevarán a cabo mesas de trabajo para revisar cada una de las incidencias de los niveles educativos para brindar certeza laboral de acuerdo a la normativa pertinente.

Se conmemoró el Día Internacional Contra el Trabajo Infantil y en Oaxaca se observa en zonas conurbadas, principalmente en las cabeceras municipales que es donde se detona la economía, Oaxaca de Juárez, Juchitán de Zaragoza, Salina Cruz, Huatulco, Puerto Escondido y Tuxtepec, entre otras. Más de 10% de la población infantil del estado se encuentra laborando, principalmente en zonas indígenas y rurales, además 50% niños migrantes carecen de la posibilidad de tener estudios. Tuxtepec es uno de los municipios donde más adolescentes emigran para emplearse en los campos cañeros. Las peores formas de trabajo se encuentran en la parte agrícola donde los infantes están expuestos a todo tipo de riesgos físicos, desde inhalación de pesticidas, largos periodos ante el sol, hasta cortaduras por herramientas filosas.

Y sigue la mata dando. Ahora se dio a conocer que se investiga a funcionarios de la Secretaría de Finanzas en la pasada administración por presuntamente beneficiar a 50 municipios, entre ellos, San Pedro Mixtepec, Santos Reyes Nopala, Cosolapa, San Juan Bautista Tuxtepec y Tutepec, a quienes asignaron más de 837 millones de pesos. Sefin a cargo de Farid Acevedo López confirmó que se investiga el destino de los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF), con los cuales la administración pasada los benefició.

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