Por. Humberto Torres R.

A pesar de que en el proceso electoral para elegir a la nueva dirigencia estatal de Morena sólo podrán competir como candidatos quienes estén afiliados, se han presentado varias denuncias en contra de militantes por recurrir a prácticas antidemocráticas que se supone buscan desterrar. El 21 de agosto arrancó el proceso de renovación de la dirigencia, el cual concluye el 24 de noviembre, pero desde ahora se han advertido vicios muy acendrados en la clase política que podría descarrilar los esfuerzos de presentar un partido político comprometido con la democracia.

Si bien se estableció un filtro donde podrán participar únicamente los afiliados hasta diciembre de 2017, por lo que en esta jornada podrán inscribirse poco más de 218 mil militantes, el gran reto es evitar acciones al margen de la ley, como la coacción, intimidación y violencia para que la militancia se incline por alguno de los candidatos propuestos. Las primeras denuncias, a decir del propio Comité Ejecutivo Estatal, se han registrado en comunidades de diversas regiones del estado.

Entre los que pretenden encaramarse a esa posición se encuentran, Jesús Romero López, ex perredista que hoy aseguran, va con el apoyo del senador Salomón Jara Cruz, así como la actual coordinadora de Morena en el Congreso del Estado, Laura Estrada Mauro. Otro que ya alzó la mano es Sesul Bolaños López, secretario General.  

Hay quienes aseguran que la elección estatal será consecuencia del reacomodo de fuerzas entre el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado, un personaje muy cercano al Presidente López Obrador, y  Yeidckol Polevnsky que no lo quiere. Por lo pronto, a partir del 19 de octubre se realizarán 10 asambleas distritales donde se elegirán 10 militantes por distrito como consejeros. El 10 de noviembre los 100 consejeros elegidos propondrán a quienes deban formar el Comité Ejecutivo y el 23 y 24 de noviembre en Congreso Nacional se dará a conocer la nueva dirigencia para los próximos 3 años.

     … A VUELO DE PÁJARO

     Es primordial empoderar en el ciudadano para exigir que sus peticiones y asuntos ante la administración pública sean tratados bajo principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, eficacia, eficiencia, objetividad, ética, cortesía, simplicidad, congruencia, exhaustividad, publicidad y proporcionalidad, planteó Bernardo Rodríguez Alamilla, defensor de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO). Tras sostener que una buena administración pública es un derecho humano, consideró como inaplazable la tarea de replantear la ingeniera institucional y de los operadores  que vigilan, protegen, y garantizan estos derechos.

     Inoperante

     Se le apareció el diablo a Adolfo Maldonado, director del IOCIFED, luego de que habitantes de San Juan Guichicovi tomaron las instalaciones cansados del abandono de la dependencia para atender sus demandas de reconstrucción de escuelas en esa y otras 21 comunidades. Al que sus amigos llaman “Chiporra”, se le acumulan los pendientes, pues en la Secretaría de la Contraloría ya lo investigan por alterar documentación, ausentarse por largos periodos de su oficina donde Noh hay quien resuelva los conflictos. Es una “bola de nieve” que amenaza con crecer.

     Protestas

     Mientras al interior de la LXIV Legislatura crece el apoyo a la iniciativa que presentó la diputada de Morena, Elisa Zepeda Lagunas, organizaciones de católicos, cristianos y evangélicos se oponen a la pretensión de legalizar el aborto. En la explanada de la Cámara de Diputados, protestaron grupos que exigieron sean escuchadas todas las voces. La víspera, Pedro Vázquez Villalobos, Arzobispo de Antequera Oaxaca, alertó que no podemos ni debemos permitir que se traicione el principio elemental en el que se sustentan todos los derechos y garantías del ser humano que es la vida. Mientras que más de 300 iglesias en Oaxaca, reunidas en la Confraternidad de Pastores Cristianos del Estado de Oaxaca (Copaceo) rechazan tajantemente las reformas constitucionales que se pretenden hacer en torno a la vida.

     Apertura

     Ante las protestas de unos y otros, la Presidenta de la Junta de Coordinación Política, Laura Estrada Mauro dijo que el Poder Legislativo garantiza el “Parlamento Abierto” y el debate, escuchar puntos de vista respecto a la despenalización de la interrupción del embarazo. Estableció que reducir la pena por la práctica de interrumpir el embarazo y permitir esta cuando se encuentra en riesgo la vida de un mujer, es tema que no ha sido aprobado por los diputadas.

     Se impone CNTE

     Los coordinadores parlamentarios de oposición (PAN, PRI, MC y PRD) en San Lázaro admitieron que no avalarán las leyes secundarias en materia de Reforma Educativa por considerarlas inconstitucionales y que han sido objeto de presiones de la CNTE. Coinciden que el Gobierno Federal cedió pues con  40 diputados el  presidente los necesita para hacer mayoría. Por eso, les va a dar todo lo que quieren a cambio de su voto.

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     Volveremos.

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