La transparencia en el país encara varios obstáculos para permanecer como una exigencia ciudadana, entre ellos, la heterogeneidad en las leyes estatales, el escaso apoyo presupuestal a los organismos encargados de vigilar el cumplimiento de la ley en cada entidad y la falta de fuerza de algunos organismos de transparencia por la vulnerabilidad de las leyes que los rigen. Hoy la preocupación es asegurar que el derecho de acceso a la información sea igual para todos los mexicanos en cualquier parte de la República y que éste pueda ser independiente del tipo de política pública que se implemente en cada estado o municipio.

Debido a que la ministra Loretta Ortiz, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, presentó un proyecto que propone rechazar la controversia en torno a la falta de nombramientos de comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), organizaciones de la sociedad civil y ciudadanía piden a la Corte a votar en contra del proyecto y garantizar los derechos de acceso a la información y protección de datos personales.

Tras la advertencia de que la aprobación de este proyecto significa graves retrocesos en materia de transparencia, derecho a la información y protección de datos personales de la sociedad mexicana, vale la pena recordar que la la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, constituye el gran parteaguas de los anhelos transicionales de los ciudadanos hacia una democracia real y efectiva.

El activismo y lucha social han transformado el acceso a la información pública pese a la predisposición sistémica a la opacidad, de ahí que la ciudadanía no estará libre de la opacidad mientras subsistan corrupción e impunidad, pero transparentar el quehacer público, es el primer paso para atacar el cáncer porque lo hace visible.

Con más pena que gloria la visita de Manuel Velasco, mandamás en el PVEM y aspirante a candidato de Morena a la Presidencia de la República. Para halagarlo sus promotores pregonaron que “Oaxaca y Chiapas son estados hermanados por el sureste mexicano y lo mejor para el sureste vendrá de la mano de un hermano chiapaneco”. Ojalá con esa mística ayuden a conciliar diferencias para que la sentencia dictada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación se cumpla lo más pronto posible y los zoques dueños de los Chimalapas recuperen su territorio que durante muchos años fue invadido.

Se volvieron a desatar los demonios al interior de la Secretaría de Salud de Oaxaca, sin que la titular Alma Lilia Velasco Hernández, encuentre la cuadratura del círculo. Las Secciones 35, 73 y 94 de SNTSA se movilizaron al ser ignorados para llevar a una mesa de diálogo que resuelva conflictos laborales en la unidad de vectores, entre ellas, carencias de insumos y herramientas para combatir el dengue en los Valles Centrales ante el aumento de casos. Para avivar el ambiente acusan que varios mandos medios actúan con tratos indignos a la base trabajadora. Un conflicto laboral que amenaza con tener repercusiones de salud pública.

Luego de que aparecieron carpas en el Jardín Labastida, los vecinos y la sociedad en general deploraron que el gobierno municipal que encabeza Francisco Martínez siga siendo cómplice del severo deterioro al Centro Histórico de Oaxaca de Juárez. Acusan que la Secretaría de Gobierno y la Dirección de Comercio en Vía Pública municipales son omisos para acatar la ley. Y se cuestionan de que sirven los dictámenes si ellos mismos los violan o los ignoran.

A través de la recomendación 02/2023 dirigida a la Consejería Jurídica del gobierno del Estado, a quien le corresponde conocer de la actuación de la Dirección General del Registro Civil de Oaxaca y de la Dirección General del Instituto de la Función Registral para el Estado de Oaxaca, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), se estableció que los ciudadanos Gómez Conzatti y Martínez y la señora Martínez Ramírez, acreditaron violaciones a sus derechos humanos, relativos al derecho a la identidad, a la propiedad y al derecho a la buena administración, por parte de los servidores públicos involucrados. Pide se restablezcan las cosas al estado en que se encontraban antes de cometerse las violaciones a derechos humanos documentadas y acreditadas.

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