Existe preocupación en el Instituto Nacional Electoral (INE) respecto a que los presupuestos no sean lo suficientemente sólidos para que los Organismos Públicos Locales (OPL), comiencen a realizar las acciones y actividades previas al Proceso Electoral Federal 2024. Uno de los afectados es el de Oaxaca, entre otras razones por situaciones presupuestales, recortes presupuestales aplicados por los congresos locales, retraso en la entrega de ministraciones o entregas incompletas; rechazo o falta de respuesta a las solicitudes de ampliación presupuestal planteadas por los institutos electorales locales.

Llevar a cabo elecciones limpias, transparentes y con cada uno de los procesos, es necesario contar con la suficiencia presupuestal y proveerla es una responsabilidad de Estado. Hoy se pide a los gobernadores, congresos locales, secretarías de Finanzas de cada uno de los estados, analizar y en su caso, aprobar esas ampliaciones presupuestales y que puedan entregarla a tiempo y con suficiencia a cada uno de estos institutos.

Sobre todo de los estados de Oaxaca, Campeche, Colima, Guerrero, Morelos, Nayarit, San Luis Potosí y Zacatecas que están en riesgo alto, mientras que los de la Ciudad de México, Puebla, Yucatán y Jalisco están en riesgo moderado.

En esta titánica tarea se ha solicitado el acompañamiento de los partidos políticos para que, a nivel local, revisen en sus institutos, con sus representaciones, la situación presupuestal que existe en cada una de las entidades. La ausencia de ampliaciones presupuestales y su entrega a tiempo y con suficiencia a cada uno de estos institutos, podría significar iniciar con procesos electorales opacos, insuficientes.

Debido a que ningún mando de primer nivel de las corporaciones policiales es enjuiciado por los sucesos de Nochixtlán en 2016, el Comité de Víctimas “19 de Junio” prepara una serie de protestas que incluye una caravana motorizada a la Ciudad de México para manifestarse en el zócalo frente a Palacio Nacional y demandar la intervención del presidente Andrés Manuel López Obrador para castigar a los responsables de este hecho. En su itinerario plantean acudir a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), para exigir garantías a los familiares de las víctimas.

Ante la denuncia en contra de Adolfo Demetrio Gómez Hernández, Abogado General de la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca (UABJO) por el delito de acoso sexual, el rector Cristian Eder Carreño López esta emplazado a ordenar una investigación para deslindar responsabilidades. Se dio a conocer la denuncia con el acta 9542/FMUJ/USEX/2023 y de acuerdo con la agraviada afirma que no se siente segura en su centro de trabajo porque el hostigamiento sigue, y “sí quiero que le notifique al licenciado Adolfo Demetrio Gómez Hernández que me deje de molestar y que me deje trabajar tranquila”, refiere la denuncia interpuesta por la trabajadora de la máxima casa de estudios de Oaxaca.

Se le acumulan los problemas al presidente municipal de Oaxaca de Juárez, Francisco Martínez, pues el Comité de la Defensa de los Derechos Colectivos Ciudadanos Oaxaqueños denunció que ha ignorado los resultados de la consulta ciudadana en la que los capitalinos exigen a la autoridad un alto a la invasión de espacios públicos y la creación de la unidad de participación ciudadana de combate a la corrupción municipal. Acudirán a otras instancias pues la consulta se realizó en febrero de 2022 y a la fecha la ha desestimado. Otros que también han sido ignorados son los policías municipales que volvieron a exigir la destitución del secretario de Seguridad Pública, Raúl Ávila Ibarra, pues insisten en denunciar hostigamiento laboral y abuso de poder. Avanzan con paro de labores.

Se desataron los demonios y personal del área de Trabajo Social del Hospital Civil “Aurelio Valdivieso” realizó un paro de labores que obligó al cierre de oficinas. Los inconformes denuncian presuntos actos de corrupción y abusos de la Coordinadora Estatal, que además no cumple con los requisitos mínimos indispensables para la función del cargo, carece de una carrera técnica, como muchas personas que se desempeñan como trabajadoras sociales y se ha establecido un monopolio al permanecer en ese cargo desde hace más de 20 años, de manera intermitente.

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