Este 1 de marzo inician las campañas que implicarán un financiamiento público de miles de millones de pesos, pero también la necesidad de cuidar detalles ante el temor de que las elecciones de este año se conviertan en las más violentas de la historia del país. El asesinato de dos candidatos a la presidencia municipal de Maravatío, en Michoacán, exhibe la creciente inquietud de que la violencia se presente a través de homicidios,  secuestros, desapariciones, balaceras y amenazas de muerte registradas en varios estados del país.

Si bien el INE y autoridades de seguridad del Gobierno acordaron este viernes un nuevo mecanismo de protección para los candidatos que participarán en las próximas elecciones del 2 de junio ante la ola de violencia que atraviesa el país, a través del “Plan de Seguridad para candidatas y candidatos, existe el riesgo de que se desaliente la participación de la ciudadania y de quienes pretendan ser candidatos a cargos de elección popular.

Es altamente probable que 2024 sea el año con mayor número de agresiones y asesinatos a candidatos y precandidatos en la historia del país, y de acuerdo con la Unidad de Riesgo Político de Integralia, históricamente el blanco de los ataques ha sido contra personajes que ocupan cargos municipales o aspiran a ser alcaldes, regidores o síndicos; ahí se concentra más de 71% de los casos. Y por partido, en los últimos seis años los más atacados están vinculados a Morena, PAN y PRI.

México Evalúa, destacó que han observado “una tendencia sostenida al alza durante los últimos años, casi dos décadas” por lo que no es atribuible al gobierno actual. En el sexenio de Felipe Calderón “teníamos 400 casos de ataques del crimen organizado contra autoridades y personas candidatas, del 2006 a 2012” y ahora van casi 1,000 en dos años.

Según la Secretaría de Gobierno, existen 40 municipios de Oaxaca que están considerados como focos rojos en el proceso electoral, 25 por problemas de seguridad pública y 15 por conflictividad social.

Presuntos integrantes de la Coordinadora de Estudiantes Normalistas del Estado de Oaxaca (CENEO), se movilizaron en nuestra ciudad para reclamar atención a sus demandas, las cuales no pudieron enumerar cuando fueron cuestionadas por ellas. Sin embargo, en sus consignas que lanzaron por las calles y durante un mitin frente a Palacio de Gobierno, aseguraron que sus planteamientos no han sido atendidos. En contraste el IEEPO expresó su respeto  a las movilizaciones de los normalistas pero precisó que no hay motivo alguno, luego que cada uno de sus planteamientos se están atendiendo. Lo que si es una realidad es que alguien mueve los hilos con el único afán de desestabilizar y animar la confrontación.

La Comisión de Paz y Concordia de San Mateo del Mar acusó al empresario Jorge Arroyo fue denunciado por generar violencia en la zona y de lucrar con los familiares de las 15 víctimas de la masacre en Huazantlán del Río. En conferencia de Prensa expusieron la decisión de la asamblea general en conjunto con la actual presidencia municipal y la Alcaldía Única municipal para reconstruir el tejido social comunitario y recuperar un clima de paz con justicia y dignidad.

A pesar de que ese viernes 1 de marzo inicia la veda electoral por las elecciones del próximo 2 de junio, el presidente Andrés Manuel López Obrador seguirá visitando nuestro estado para conocer los avances de la autopista Mitla – Tehuantepec, el cual será inaugurado en agosto próximo. El propio gobernador Salomón Jara Cruz confirmó que se prevé la visita del mandatario en marzo, abril y mayo, mientras que en junio y julio lo hará cada 15 días.

Se instaló la Comisión de Atención y Seguimiento a Casos de Violencia Política en Razón de Género, que coordinará los trabajos de 7 instituciones para la prevención, atención y seguimiento a los avances en la implementación del principio constitucional de paridad y no violencia política en razón de género. En la primera sesión ordinaria del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en Oaxaca (OPPMO), se aprobó sesionar de manera colegiada para proponer acciones y coordinar esfuerzos en torno a la prevención de la violencia política en razón de género, la atención y el seguimiento puntual a los casos de los que tenga conocimiento.

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