Será en las próximas semanas cuando se de a conocer los avances en la investigación sobre las mil 571 plazas que se entregaron en la pasada administración, de los cuales solo 256 se hicieron de manera legal y que se tendrán que revocar. Las denuncias incorporan los señalamientos de que cada una de ellas se vendió en 500 mil pesos, lo que habría dejado ingresos por 657 millones 500 mil pesos a la pasada administración.

Los puntos finos fueron abordados por Antonino Morales Toledo, secretario de Administración y corroborados por la Consejería Jurídica, para iniciar el proceso legal. Mientras que la Secretaría de Honestidad y Transparencia ya tiene conocimiento para conocer quiénes son los culpables de la entrega y la venta de las plazas, para aplicar las sanciones correspondientes.

El caso fue denunciado por el propio gobernador Salomón Jara Cruz a pocas horas de haber asumido esa responsabilidad, donde también anunció como alternativa una propuesta de reestructuración administrativa “que nos va a permitir ahorrar más de cien millones de pesos al año”.

Este escenario de presuntos actos de corrupción no estará completo sin la participación en escena de los dirigentes sindicales, entre los que se menciona a Juan Rafael Rosas Herrera, Mauricio Javier Carreño, Julián Estrada, Joel Castillo y otros más. Sobre todo, cuando entre las bases se menciona con insistencia que han sido los grandes beneficiarios de todas las prestaciones convenidas entre Gobierno-

Sindicato.

Hoy existe el compromiso de investigar a fondo y llegar a las últimas consecuencias para deslindar responsabilidades y actuar con apego a la ley. Hay que pasar de las palabras a los hechos.

Todo hace indicar que el gobierno municipal que encabeza Francisco Martínez continuará de “tumbo en tumbo”, pues su administración decidió que debido a la reconstrucción del área de comida y pan en la Céntralo de Abasto nueve puestos serán reubicados en avenida Independencia, a lado de la escalera de acceso a la Basílica de La Soledad. Situación que ya provocó airadas protestas de los vecinos que exigen su colocación en otra parte de la capital. Las obras se rehabilitación de ese centro comercial inició en 2022 y se espera concluirlos en diciembre de este año, lo cual ha obligado a reubicar a aproximadamente 700 puestos en estacionamientos.

De cara al proceso electoral de 2024 la dirigencia estatal de Morena que encabeza Benjamín Viveros Montalvo evalúa el escenario político actual, en particular el caso del Partido del Trabajo que ha negado su apoyo en Coahuila, por intereses personales que quebrantan la unidad e impiden “la victoria del pueblo contra el PRIAN”. En el caso de Oaxaca se analiza si los objetivos de todos los partidos que conformaron la coalición que permitió el triunfo de Morena siguen siendo los mismos, pues tal parece que se han impuesto los intereses personales y de grupo.

Al interior del PT siguen las diferencias originadas porque un grupo de militantes encabezados por Lenin López Nelio acusó a Benjamín Robles Montoya, comisionado estatal en Oaxaca de este instituto político, de tomar decisiones unilaterales, ejercer un férreo cacicazgo y de excluir a los integrantes de la Comisión Ejecutiva Estatal. Si bien Robles salió a decir que todo se debe a que el berrinche del juchiteco se debe a que fue ignorado en los espacios dentro del gabinete legal y ampliado del Gobierno del Estado, pues solo se incluyó a Edith Santibáñez Bohórquez como titular de la Secretaría del Trabajo, hay quienes insisten que en el fondo la confrontación es por los más de 80 millones de pesos de prerrogativas.

Con un total de 12 periodistas asesinados en 2022 y la cifra récord de una agresión documentada cada 13 horas en promedio, según el informe anual de la organización Artículo 19, «Voces contra la Indiferencia», se celebró el Día Mundial de la Libertad de Prensa. El reporte advierte que la violencia contra la prensa en el país no sólo no cesa en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, sino que ha superado la que se registró en los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Además, la censura del viejo autoritarismo sólo ha «mutado» en la actual administración y se mantiene vigente contra medios de comunicación, mientras que imperan la opacidad y obstáculos para ejercer el derecho de acceso a la información pública gubernamental.

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