El aumento de la pobreza en zonas urbanas pueden derivar en resentimientos sociales y delincuencia con mayor facilidad que en las áreas rurales. Hoy se admite que combatir esta pobreza urbana no merece dilación porque estos contrastes, esas desigualdades que se dan en las ciudades generan un clima de más violencia, de violencia social. La desigualdad que se genera en las ciudades causa  encono, resentimiento.

Algunos problemas que se registran en esas zonas —como el robo a transeúntes o en el transporte público— reflejan la relación que existe entre pobreza urbana y violencia social. Son zonas donde de manera reincidente no hay una presencia institucional del Estado mexicano de manera notable. Existen los servicios urbanos pero son precarios, como también los servicios educativos pero son de mala calidad. Sí existen servicios de seguridad pública pero son deficientes. Y esto, entre el hacinamiento, la falta de oportunidades y las condiciones precarias de vida, genera cierto tipo de violencia.

En nuestro país la pobreza y la pobreza extrema históricamente han tenido un rostro rural; sin embargo en la actualidad nuestro país es predominantemente urbano y la concentración demográfica en las ciudades y zonas metropolitanas ha traído consigo fenómenos de exclusión, desigualdad, desempleo y pobreza.

El diseño de políticas públicas y programas que incentiven el empleo bien remunerado y con las condiciones laborales adecuadas, permitirían que la población mejore sus condiciones de vida y tenga acceso a las mismas oportunidades que el resto de la población.

La “guadaña” pende sobre la cabeza de varios líderes de organizaciones que abanderaron la invasión de terrenos en Santa María Huatulco, pues según el Gobierno del Estado en cerca de 415 hectáreas de la zona alentaron asentamientos irregulares. Si bien ya anunció que no se van a permitir nuevas invasiones será necesario pasar del discurso a los hechos para aplicar la ley y deslindar responsabilidades pues tales ilícitos también se presentaron en la zona urbana donde han detectado 37 asentamientos irregulares, con más de 2 mil familias.

Con el objetivo de que las y los juzgadores cuenten con una herramienta de apoyo que les auxilie en la tarea de impartir justicia a las personas integrantes de los pueblos indígenas, el Poder Judicial de Oaxaca cuenta con el Protocolo para la armonización y la coordinación entre las jurisdicciones estatal e indígena-afromexicana.  El documento realizado en una labor conjunta entre la Sala de Justicia Indígena y la Comisión de Pluralismo Jurídico, con el INPI y el Programa Pluralismo Jurídico y Eficacia de Derechos del CIESAS, se adecúa a los más altos estándares nacionales e internacionales como lo marca el Artículo Primero Constitucional que coloca la protección de los derechos humanos en el centro de la actuación de las autoridades. Al ser Oaxaca una entidad con amplia diversidad cultural, el titular del Poder Judicial del Estado, magistrado Eduardo Pinacho Sánchez estableció como uno de los ejes prioritarios en su administración el pluralismo jurídico, lo que también ha contribuido a una justicia incluyente, efectiva, igualitaria y con sensibilidad humana.

Oaxaca se encuentra entre las cinco entidades con mayores porcentajes de población en pobreza extrema. En 2018, es decir al inicio del actual sexenio, 8.7 millones de mexicanos padecía de pobreza extrema, y al cierre del 2022 la cifra se elevó a 9.1 millones.El Coneval identifica a la población en situación de pobreza extrema cuando su ingreso es inferior a la Línea de Pobreza Extrema por Ingresos, es decir 2,086.21 pesos para zonas urbanas y 1,600.18 para zonas rurales al mes. Además de que presenta al menos tres carencias sociales, no tiene acceso a los derechos de educación, salud, seguridad social, vivienda y alimentación.

El estrés económico al que las juventudes se enfrentan actualmente, genera impactos severos en su proyecto de vida, salud y bienestar emocional, exponiéndoles al consumo de sustancias, e incluso el  suicidio. El pasado fin de semana se celebró el Día Internacional de la Juventud y se estableció que en huesero país hay más mujeres que hombres en situación de pobreza laboral.

Oaxaca, Chiapas y Guerrero son las tres entidades con mayor proporción de su población en pobreza laboral, con tasas mayores al 57%, esto quiere decir que por cada 100 hombres en pobreza laboral en México, hay 112 mujeres en esta situación.

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