Inició en la Cámara de Diputados la discusión para generar y votar una iniciativa de Ley que reduzca la jornada laboral de 48 a 40 horas por semana en nuestro país y en aras de revisar pros y contras la Coparmex Oaxaca realizará un Foro de Análisis y Discusión de la Jornada Laboral, conscientes de que será aprobada en muy corto plazo por ser indudablemente deseable y conveniente para la mayoría de la población en nuestro país.

Sin embargo admiten que el ser deseable y conveniente para la mayoría, no la convierte en buena para la sociedad en general. Y argumentan que una incorrecta implementación de esta iniciativa puede incrementar los costos de la empresas provocando una baja en su rentabilidad y con ésto, la quiebra de muchos negocios con la consecuente pérdida de empleos.

Una baja en la rentabilidad de las empresas puede también mover actividades económicas que ya se encuentran en la formalidad hacia la informalidad generando pobreza laboral, es decir trabajadores con condiciones laborales menores a las establecidas en la Ley.

Para los empresarios reducir la jornada laboral en México es deseable, una menor jornada laboral posibilita a las personas el destinar más tiempo al descanso, al esparcimiento y a la convivencia familiar, pero una incorrecta implementación puede afectar económicamente a las empresas y en consecuencia a los ingresos de estos mismos trabajadores.

Oaxaca es uno de los estados con mayor informalidad y pobreza laboral, una reducción de la jornada laboral que incremente los costos de las empresas puede derivar en un incremento de la informalidad y la pobreza laboral al no poder las empresas cubrir el incremento de costos de la reforma.

Cuando todo caminaba para que en las próximas semanas se inaugurara la autopista Oaxaca-Puerto Escondido, derrumbes de dos taludes originadas por las lluvias aplazarán hasta enero de 2024 su conclusión definitiva. Fue el propio presidente Andrés Manuel López Obrador quien en su mañanera confirmó que el tendido del puente, que era lo único que faltaba, ya se completó. “Ayer me dijeron una mala noticia, se nos derrumbó una parte de la carrera, unos taludes, de la carretera de Oaxaca a Puerto Escondido, que la íbamos a inaugurar el día 29 de este mes. Con las lluvia se nos afectó. Y nos va a llevar de dos a tres meses”.

Hasta este momento, el gobierno federal no ha cumplido ninguno de los deberes del Acuerdo de Escazú, “pero lo que especialmente preocupa”, es que el Estado Mexicano no ha cumplido con el acuerdo 6 numeral 3 que ordena la construcción de un sistema de información actualizada en el que aparezca el listado de zonas contaminadas, por tipo de contaminante y localización, advirtió

María Fernanda Hernández Morales, acompañada de la asociación civil Litigio Estratégico Indígena. Presentaron una demanda de amparo en la que reclama la omisión del gobierno federal.

El gobierno federal emitió el decreto que crea la Universidad de las Lenguas Indígenas de México (ULIM), cumpliendo con el compromiso hecho en Milpa Alta, corazón de la resistencia lingüística en la Ciudad de México. El titular del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), Adelfo Regino Montes resaltó que la Universidad de Lenguas Indígenas de México (ULIM), entre sus funciones tendrá que formar profesionales, especialistas e investigadores en esa materia, con compromiso social y pensamiento crítico. Entre las lenguas que se impartirán en esta institución están náhuatl, otomí, zapoteco, mixteco y mazateco, entre otros.

El Consejo Oaxaqueño de Ciencia, Tecnología e Innovación (Cocite) adquirió relevancia no por sus alcances a los que esta obligado sino porque Mónica Guadalupe Marín Hernández denunció que fue corrida, debido a que esta embarazada. Desde el zócalo de Oaxaca de Juárez aseguro que ha tocado diversas puertas con la intención de recibir ayuda pero ha sido totalmente ignorada. Una puntual respuesta de la titular Xunaxhi Fernanda Mau Gómez permitirá deslindar responsabilidades.

Un verdadero mensaje debe ser la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que invalidó las sanciones por mendicidad que imponía la Ley de Ingresos de Tehuantepec, Oaxaca, y que fue impugnada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por considerarla discriminatoria. Se trataba de una multa administrativa que afectaba directamente a un sector desfavorecido, y que no se trataba, como en otras normas estatales o incluso federales, de prevenir la explotación o trata de personas, pues se aplica directamente en contra de quien pide limosna.

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