Los concesionarios del transporte urbano solicitaron aumento a la tarifa del pasaje que actualmente es de 8 pesos, con el argumento que desde cinco años sigue igual. Con cartulinas pegadas a los camiones reclamaron la autorización, como parte de su estrategia para ser atendidos, así como lo hicieron en el sexenio anterior cuando al margen de ley y en franco reto a las autoridades empezaron a cobrar 10 pesos que horas después dejaron de hacer.

La Semovi ya recibió solicitudes para realizar el Estudio Técnico de Factibilidad para la Revisión y/o Actualización de Tarifa presentadas por cuatro empresas que operan 78 rutas en la zona metropolitana de la capital oaxaqueña con mil 200 unidades en operación.

Sólo que únicamente cumplen con el 40 por ciento de los requisitos establecidos, no han atendido las revisiones físico-mecánicas que deben tener las unidades y en el caso de los operadores y choferes, estos deben sujetarse a un esquema de medicina del transporte, portar uniformes y someterse a exámenes toxicológicos para evitar que sean consumidores de alguna droga.

El 70 por ciento de la flota de transporte público no cumple con los mínimos de vigencia, por lo que se tendrá que trabajar con las empresas correspondientes para poner al día sus unidades. Tal situación obligó a implementar el programa de Prórrogas a vehículos concesionados que autoriza la continuidad de la prestación del servicio público a modelos de unidades que han vencido y deben dejar de prestado el servicio; 96 de ellas vencen este año y 75 en el 2024.

Aunado a ello, es imprescindible estudiar la posibilidad de crear nuevas rutas de conexión intermunicipal entre municipios, tal es el caso de Santa Cruz Xoxocotlán con Santa Lucía del Camino y Santa María Atzompa con San Jacinto Amilpas. Desconcentrar rutas y diversificar puntos de entrada a la ciudad para evitar saturación en algunas zonas como el norte del municipio, la central de abasto o el centro histórico. Redefinir paradas de rutas de transporte, estableciendo intervalos más amplios para reducir tiempos de traslado.

Ante los agobios generados por la presencia de migrantes, el gobernador Salomón Jara Cruz dio a conocer acciones humanitarias para disminuir su impacto. Al margen de que se han rescatado 169 mil 378 personas migrantes, se han establecido 12 puntos de atención integral a migrantes y 2 centros de Movilidad Migratoria en Juchitán de Zaragoza y San Sebastián Tutla, en donde se ha atendido a más de 8 mil migrantes, a quienes se proporciona atención médica, agua e instalaciones sanitarias básicas.

Con el compromiso de recuperar la paz y la tranquilidad de todas las comunidades se reforzará la estrategia de seguridad a través de cuatro ejes: política de bienestar y la atención a las causas; dignificar la función policial y establecerá un mando de coordinación municipal en seguridad pública. Aprovechar la tecnología para dar mejores resultados, y fortalecer el marco legal y financiero. En Coordinacion con la Guardia Nacional y Fuerzas Armadas harán presencia en los 25 municipios identificados con mayor incidencia delictiva. Después de años de abandono de las cámaras de seguridad se rehabilitarán y habrá un C-5 para abatir rezagos.

Siguen los ecos de la pasada visita de Claudia Sheinbaum y de las rechiflas que lanzaron contra los ex priistas Mariana Benítez Tiburcio y Eviel Perez Magaña, y también de Francisco Ángel Maldonado  a quien no bajan de oportunista, pues el gobernador Jara Cruz precisó: no porque hayan firmado el Acuerdo por la transformación ahora ya tienen cargo. “La fila está larga”.  También dejó claro que ninguno de sus familiares, hijos, hijas y hermanos participará por cargos de elección popular ni administrativo, después del 2030 pueden porque tienen derechos, pero mientras él esté como gobernador no.

Celia Maya García, militante morenista y nueva integrante del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) hasta 2028, llamó a defender la independencia judicial,

respecto a los otros Poderes y los factores y grupos de presión de la sociedad, ya que es la clave para que los tribunales impartan justicia bajo los principios que les marca la Constitución. La nueva consejera pidió una tarea analítica de gran calado para identificar las fallas, excesos y deficiencias del aparato judicial, además de admitir que al CJF le ha tocado una época de cambios vertiginosos y retos inéditos en el ámbito de las relaciones sociales.

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