Ante el anuncio presidencial de presentar una iniciativa para desaparecer todos los órganos autónomos, “creados para proteger intereses particulares y afectar el interés público” y, por ello, es necesario eliminarlos, diversas voces se han alzado para anunciar que van a oponerse con todo para evitarlo. El más fuerte argumento para eliminarlos es generar ahorros en la Administración Pública Federal y dejar de seguir manteniendo “esos organismos facciosos, onerosos, antipopulares».

Quienes cuestionan esta pretensión presidencial sostienen que al mandatario federal “le estorban” las instituciones que fueron creadas para vigilar y obligar a gobierno a rendir cuentas. Busca tapar los casos de corrupción de su gobierno al promover iniciativas como esta.

Nunca como ahora se debe tener presente que los organismos autónomos constitucionales en México se crearon con el propósito de fortalecer la democracia, garantizar la protección de los derechos de los ciudadanos, promover la rendición de cuentas y asegurar la independencia en áreas clave de la administración pública.

Es indudable que su presencia ayuda a mantener la separación de poderes en un sistema democrático y al ser independientes de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, pueden ejercer sus funciones sin interferencia indebida de otros poderes del Estado. Ayudan a proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos, como los derechos humanos y el derecho al voto, promueven la transparencia gubernamental, garantizan el acceso a la información pública, contribuyen a la rendición de cuentas y permiten a los ciudadanos supervisar las acciones del gobierno.

Hoy la mayoría de medidas de austeridad que ha ejecutado el Gobierno de México están relacionadas con el recorte presupuestal a instituciones públicas, pero, sobre todo, a aquellas que gozan de una autonomía administrativa, es decir, que no están bajo el mando del Poder Ejecutivo Federal.

A pesar de que los oaxaqueños han expresado de muy diversas formas su preocupación por el abandono de nuestras áreas verdes y de los pocos espacios recreativos que existen en nuestra capital, existe un impresionante apatía para protegerlos y conservarlos. La instalación de la feria denominada Pueblo Mágico Oaxaqueño provocó serios daños a la estructura del Paseo Juárez y hoy se sabe que la empresa responsable incumplió la normativa vigente. Al margen de que se apliquen multas y sanciones, lo ideal es evitar que este tipo de lugares sean ocupados por carpas, pistas, juegos mecánicos y elementos eléctricos, cuyos daños destruyen nuestro patrimonio.

La titular de la Comisión Estatal de Búsqueda para Personas Desaparecidas del Estado, Michel Julián López refrendó el compromiso de realizar un nuevo censo en el ámbito estatal para confirmar el número de personas incluidos menores, cuyo paradero se desconoce. Llega a esa responsabilidad con un registro de 480 hombres y mujeres desaparecidos entre 2011 al 2023, y con el reto que el gobierno estatal y las autoridades ministeriales unifiquen cifras sobre personas desaparecidas, así como dar vista a los órganos de fiscalización del estado e incluso a la Fiscalía de Oaxaca de las irregularidades que encuentre en la Comisión tras el paso de la anterior titular, Edilberta Cruz Regino.

Suenan “tambores de guerra” en la región de la Sierra Sur, pues habitantes de San Pedro el Alto, Zimatlán de Álvarez denunciaron amenazas por presuntos pobladores de Santo Domingo Teojomulco para apoderarse de sus tierras. En 2023 hombres armados arribaron a esa población para exigirles que abandonaran sus propiedades pues de lo contrario llegarían a despojarlos por la fuerza. Ante la amenaza y la falta de respuesta de las autoridades estatales, federales y municipales, muchos han preferido huir y dejar sus terrenos.

Durante los eventos de precampaña y campaña, los partidos políticos pueden hacerse acreedores desde una amonestación pública, hasta sanciones por casi 1 millón de pesos si a través de sus militantes impiden al INE las labores de fiscalización de su personal. El órgano electoral ha solicitado que tranquilicen a sus huestes y los conminen a permitir la fiscalización durante los eventos de los partidos cuando asisten a obtener evidencias, pues han recibido expresiones verbales contrarias su persona, a la labor del Instituto e incluso, se les ha solicitado que se retiren del lugar.

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