Una vez más los conflictos agrarios tiñen de sangre las comunidades oaxaqueñas que debe obligar a definir una estrategia que permita su atención permanente para evitar enfrentamientos armados. La disputa entre San Andrés Teotilálpam y Tlacoatzintepec, en la región Cañada, es una nueva llamada de atención a problemas por la posesión de la tierra pues sigue siendo una de las causas que más muerte provoca entre los oaxaqueños, a pesar de que muchos d ellos tienen décadas de estar vigentes.

Ante la problemática agraria existente es necesario avanzar en su solución definitiva, con la participación y decidida intervención de las comunidades, así como de las diversas dependencias del Gobierno del Estado y de la administración federal. Sobre todo, cuando diferentes organizaciones sociales han avivado las diferencias y el encono en muchas de las comunidades, ya que no dejan de insistir en beneficios económicos como parte de las demandas planteadas.

Esta comprobado que los conflictos agrarios no se concilian de fondo, pues algunos con décadas de confrontación difícilmente se resuelven con la voluntad de desterrar la violencia y otros más continúan vigentes. A lo anterior se agregan las diferencias entre agencias y municipios por la entrega de participaciones, pues mientras las autoridades municipales en muchas de las ocasiones condicionan su entrega, en otras simple y sencillamente no las entregan.

Si bien la cuestión agraria corresponde al Gobierno Federal, atender y resolver de fondo los conflictos reclama estrecha coordinación con la administración estatal. Se trata de resolverlos no de administrarlos.

En menos de un mes y sin intermediarios, Antonino Morales Toledo, secretario de Administración, logró una negociación abierta, transparente y permanente con el STPEIDCEO en la revisión del pliego petitorio 2023. En la negociación de las 69 cláusulas exhibió su habilidad para negociar, alcanzar ahorro en las finanzas y atender los planteamientos del Sindicato de Burócratas en un ambiente cordial. Con esto los más de 14 mil trabajadores tendrán un incremento de 4.5 por ciento en el salario base y 3.5 por ciento en Previsión Social Múltiple. El gobernador Salomón Jara Cruz firmó como testigo de honor y expresó que su gobierno siempre garantizará los derechos de la base trabajadora.

La transición de la Dirección General de Educación Indígena, Intercultural y Bilingüe de la Secretaría de Educación Pública (SEP) al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), provocó la inconformidad de la Sección 22 de la CNTE, que ya se prepara para sus movilizaciones en mayo. Fieles a su tradición preparan la entrega de su pliego de demandas al Gobierno del Estado este Día Internacional del Trabajo, con la participación del 80 por ciento de su membresía, mientras que el resto se trasladará a la Ciudad de México para una actividad similar. El día 15 Día del Maestro, también marcharán. Por cierto, exigen el esclarecimiento del asesinato de Adalberto Nicolás Cervantes, ultimado a balazos, y su repudio a Leonel Manzano subsecretario Académico de la Secretaría de Educación de Oaxaca.

Existe el compromiso de investigar que sucedió con cerca de nueve mil millones de pesos en los Servicios de Salud de Oaxaca durante el sexenio anterior, entre los que se encuentra el presunto desvío del pago de Impuestos Sobre el Trabajo (ISR).

Si bien se ha confirmado que ya no hay pagos pendientes a trabajadores de los Servicios de Salud y se mantiene una relación cordial con la Sección 35 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud, hoy existe la certeza de resistencias a cumplir con la transparencia y rendición de cuentas que tanto se pregona. La administración ya refrendó su voluntad política de llegar al fondo de esta “Caja de Pandora”. Que no quede el discurso.

Una vez más representaciones de la sociedad civil, feministas y víctimas de violencia, alertaron sobre  el grave riesgo en el que se encuentran las mujeres, principalmente las niñas, ante la imparable violencia feminicida en Oaxaca, debido a que siguen incrementándose con total impunidad e indiferencia institucional. Volvieron a denunciar el solapamiento de impunidad de Donato Vargas Jiménez,  coordinador de Delegados por la Paz del Gobierno del Estado, y “acusado de violencia de género,  cuya permanencia en la actual administración constituye en sí mismo un mensaje permisivo del feminicidio en Oaxaca”.

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