Con el argumento de que en 1937 el entonces presidente de la República, Lázaro Cárdenas emitió el decreto que declaró Zona Protectora Forestal Vedada los terrenos que limita la Ciudad de Oaxaca, quienes se oponen al cambio de uso de suelo sostienen que la declaratoria emitida abarcó parte del Parque Nacional Benito Juárez, incluyendo los cerros El Fortín y El Crestón. En diciembre de 1992, el gobernador Heladio Ramírez, emitió el segundo decreto que declara Área Natural Protegida los terrenos aledaños al libramiento norte, en el cual se incluyeron las áreas ubicadas en esos dos cerros.

Por lo que si el ayuntamiento de Oaxaca de Juárez realizara el cambio de uso de suelo estaría incurriendo en una  ilegalidad, advirtió el gobernador Salomón Jara Cruz ante las diferencias originadas por quienes se oponen y aquellos que argumentan su urbanización.

La Consejería Jurídica del Gobierno del Estado  en conjunto con la Comisión de Límites y el municipio de Oaxaca de Juárez, detectaron familias que viven en la zona, que cuentan con el título de propiedad, por lo que no pagan predial, pero no el permiso del uso de suelo. El conflicto es que desarrolladoras de viviendas han comprado grandes extensiones y están empujando el cambio de uso de suelo.

Este mismo escenario se ha confirmado en el llamado «Libramiento Norte», proyecto que se concibió con la pretensión de que el transporte de carga transitara por esa zona de Oaxaca de Juárez y desahogar la circulación vehicular en el centro declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad.

Sin embargo, las huellas de la voracidad inmobiliaria han aparecido pues a pesar de un decreto de reserva ecológica emitido el 3 de noviembre de 1992, viviendas, ranchos y mansiones se continúan construyendo en la parte alta del Ejido Guadalupe Victoria y San Felipe del Agua.

Al interior del PAN ya advirtieron la poca participación de mujeres de cara al proceso electoral y si bien la dirigente del Partido Acción Nacional (PAN), Perla Woolrich Fernández reconoció que son más hombres los interesados en la próxima contienda confió que se despierte el interés de cada una de ellas. “Pareciera que todos los cursos que se dan para mujeres y todos los cursos que se ha trabajado para que ellas alcancen el poder y llegar a los espacios de poder y decisión no ha tenido mucho éxito”, admitió.  Habrá que esperar a conocer si las mujeres confían en el blanquiazul como una opción política o buscan otros colorees.

Un video que circula en las redes sociales  donde se observa Jorge Merlo pasear presuntamente por una ciudad italiana, donde se escucha  hablar de la guerra de entre Israel y el grupo Hamas,  ha puesto en entredicho la detención y encarcelamiento del ex notario público, a quien se le acusa de formar parte del denominado “Cartel del Despojo”. Su detención se presumió en abril pasado, por parte de la Interpol que había iniciado un proceso de búsqueda en su contra. El Consejero Jurídico del Gobierno del Estado, Geovany Vásquez Sagrero resaltó que se había solicitado su extradición y que sería la Fiscalía General de la República (FGR), quien lo haría efectivo, lo que hasta el momento no ha ocurrido. Habrá que esperar precisiones.

El Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca (TEEO) revocó el acuerdo de la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO), que determinó la procedencia de las medidas cautelares en contra de la diputada de Morena, Haydeé Irma Reyes.

Estableció que el referido acuerdo no se encuentra debidamente fundado y motivado y no sustento que la legisladora haya contratado los espacios en espectaculares y en transporte público para publicitar su imagen o, en su caso, de que se tratara de la publicidad de actividades en el ejercicio de sus funciones.

Con un llamado a que “no haya complacencias” y se sancione a quienes incurran en actos de corrupción, David Colmenares  Páramo, titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), presentó a la Cámara de Diputados el segundo informe de la fiscalización de la Cuenta Pública 2022, correspondiente al cuarto año de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, en el que se detectaron posibles irregularidades por 7 mil 175 millones de pesos, entre ellos , a

programas sociales emblemáticos del gobierno de López Obrador, como Jóvenes Construyendo el Futuro, Fertilizantes para el Bienestar o La Escuela es Nuestra.

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