La capacidad de la autoridad electoral de vigilar el uso del dinero es muy superior hoy a lo que era antes, “pero sigue habiendo un problema con el dinero en efectivo que circula bajo el agua fuera de eventos que la autoridad pueda vigilar”. A decir del Consejero del INE, Uuc-kib Espadas Ancona esas son las nuevas fronteras de la legitimidad electoral, muchas de las cuales quedan totalmente fuera de lo que el árbitro puede vigilar.

Sin embargo, el presidente de la Comisión de Fiscalización del INE garantizó que las faltas detectadas y contabilizadas en esta materia, serán sancionadas como corresponde. Una tarea difícil pero no imposible que se deberá atender puntualmente ya que detectar el dinero ilegal que entra a las campañas es una tarea muy compleja en cualquier parte del mundo. Lo es más en uno como el nuestro, en el que el sistema de justicia carece de las capacidades de investigación necesarias y de la voluntad política para hacerlo.

En el libro “Dinero bajo la mesa” se advierte que el gran problema de la democracia electoral mexicana se llama dinero, tal y como había sucedido antes en el siglo XX por la falta de recursos de los partidos de oposición para competir con el partido en el poder. Hoy el problema es diferente y se llama exceso de dinero. “La escasez de dinero para los partidos de oposición en el siglo XX limitó el pluralismo y perpetuó la hegemonía de un partido por varias décadas. El exceso de dinero en la política del siglo XXI es uno de los principales gérmenes de la corrupción en el país”.

A poco de inicien las campañas, esta obra exhibe que el sistema electoral ha fracasado en combatir el financiamiento y gasto ilegal de campañas que ponen en duda la legalidad y la equidad de la contienda al permitir la influencia indebida del dinero en la vida democrática. Grande el reto.

Luego de que el Gobierno de Oaxaca dio por concluido el comodato con la Asociación Civil “Amigos del Museo de Arte Contemporáneo de Oaxaca (Maco)”, el representante legal, Rubén Leyva acusó que un grupo de policías con armas largas arribaron al inmueble en compañía del consejero jurídico Geovany Vásquez Sagrero, pero uno de ellos corto cartucho y lo intimidó. Si bien el suceso no pasó a mayores hoy piden la devolución de obras de Tania Bello, Patricia Belli, y Susana Wald, que se encuentran en montaje para su exposición, misma que esta en riesgo de no llevarse a cabo. Un conflicto que parece cuento de nunca acabar.

Cual verdadero rosario de lamentaciones las autoridades municipales de Oaxaca de Juárez sufren los agobios de no resolver de fondo los problemas y se acumulan con riesgo de estallar. Una vez más tocó a las mujeres triquis exigir espacios a pocas semanas de la realización de la Guelaguetza, pues argumentan que mientras a ellas les niegan todo permiso a otras organizaciones les conceden lugares en el Pañuelito, Santo Domingo y más en el Centro Histórico. Advierten que mantendrán sus protestas hasta ser atendidos y amenazan con instalar un plantón frente al Palacio Municipal.

Después de ocho años de abandono se concluyó la rehabilitación y restauración en el Auditorio Guelaguetza. Las tareas correspondieron a la Secretaría de Administración que encabeza Antonino Morales Toledo y consintieron en el mantenimiento y la impermeabilización de baños y el palomar, la pintura de barandales, rejillas, señalamientos en escalinatas, registros y guarniciones, así como el desazolve de alcantarillas. El objetivo es contar con un espacio digno que permita mostrar con orgullo la cultura y las tradiciones de Oaxaca al mundo.

Segalmex fue creada en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y absorbió las funciones de la Compañía Nacional de Subsistencias Populares (Conasupo), que unió a Diconsa y Liconsa. Inicialmente su titular era Ignacio Ovalle, sin embargo dejó el cargo para ser nombrado coordinador del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED). Hoy su quebranto por fraudes y malos manejos alcanzan los 9,500 millones de pesos. A la fecha se han denunciado a 87 personas: 41 exservidores públicos y 46 dueños, socios, representantes, accionistas y abogados de empresas vinculadas a estos hechos delictivos.

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