El derecho a la legalidad es lo más vulnerado en Oaxaca pues de 2023 a la fecha la Defensoría de los Derechos Humanos de los Pueblos de Oaxaca (DDHPO), ha recibido 3 mil 809 quejas y ha emitido 14 recomendaciones de manera individual y una  general para el ayuntamiento de Santa Lucía del Camino. En los tres niveles de gobierno se sigue violentando esta garantía, no hay respeto a la ley ni lo mandatado, tan es así que existen carpetas con 10 años sin atenderse.

Existen resistencias de servidores públicos, no se ha dado una atención pronta ni expedita en la materia, tal y como lo advierten los registros de dilación que tenían en los expedientes y se carece de sensibilidad de los funcionarios, compromiso y vocación para atender a las personas.

El balance que ofreció Elizabeth Lara Rodríguez no es nada halagador y confirma que el organismo necesita dar respuesta a los oaxaqueños y estar a la altura de sus exigencias en materia de derechos humanos. Que la atención y procedimientos sean más ágiles y eficaces. Su trabajo y su compromiso es dar respuesta con la mayor contundencia, comprometida y revalorizando y dar certeza a las víctimas en la entidad.

Ante la necesidad de hacer valer los derechos humanos y abatir la indiferencia de muchos, bien vale la pena recordar que Oaxaca como entidad federativa tiene el privilegio de contar con un Juicio para la protección de todos ellos. Significa que una autoridad que no acate o no dé cumplimiento a los puntos recomendatorios, podrá remitir a la Sala Constitucional dicha recomendación para que en su caso se emita la sentencia respectiva. Un avance significativo cuando existen muchos pendientes.

Ante el riesgo de que se presenten hechos delictivos que rompan con la paz y seguridad de cara a la jornada electoral del 2 de junio, se reforzarán las tareas de vigilancia para garantizar las campañas y el proceso electoral en nuestro estado. Jesús Romero López, secretario de Gobierno,  confirmó que son posibles focos rojos, los municipios de San San Miguel Soyaltepec, Loma Bonita, Ocotlán de Morelos, San Pedro Tapanatepec, Matías Romero Avendaño y Juchitán de Zaragoza. Así como Santo Domingo Petapa, Santa María Petapa, Santiago Pinotepa Nacional, entre otros. Hay 69 municipios en atención por algún tipo de conflicto, de los cuales 36 son de alto riesgo.

En aras de mantenerse vigente y tras los señalamientos directos del presidente Andrés Manuel López Obrador, la Sección 22 de la CNTE dio a conocer que en  este proceso electoral no participarán como movimiento, que son apartidistas y que no tienen candidato ni candidata, por lo que no serán parte de «este circo electorero». A través de su vocería informó que consideran que ningún partido representa los intereses del pueblo verdaderamente y continuarán su jornada de lucha ya que ningún partido y ningún gobierno en turno ha respondido de manera clara a sus exigencias, tan es así que a pesar de que varios de sus integrantes son representantes populares por Morena, ya no confían en ese instituto político. ¿Será verdad?

Quien se presentó en la sede del PAN estatal fue Alberto Ayala, como dirigente de una corriente del magisterio a nivel nacional que pidió a sus compañeros que el voto de castigo en estas elecciones federales, estatales y municipales sea para Morena. Aseguró que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no le cumplió al magisterio ni al sindicalismo magisterial, no hubo un cambio de fondo en cuanto a la reforma educativa y no se han recontratado a personal que despidieron a consecuencia de la reforma. Fustigó la candidatura plurinominal al Senado de Alfonso Cepeda Salas, líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

La dirigente estatal del PAN, Perla Woolrich Fernández tundió a la nueva secretaria de las Mujeres, Anahí Sarmiento, al decir: «esta señora que nadie conoce su trayectoria, no se sabe si ha defendido a las mujeres». En esa misma dependencia, la subsecretaria de la Secretaría de la Mujeres de Oaxaca, Yolanda Santos Montaño, fue acusada de violentadora política y ahora laboral que utilizó el nombre del Presidente de la República, para despedir abogadas y psicólogas del Centro de Atención Estatal Integral a Mujeres en situación de Violencia (CEATI), con el argumento que la administración estatal, debe recortar recursos para el pago de adeudos fiscales.

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