Molestos e indignados porque el gobierno municipal que encabeza Francisco Martínez pretende autorizar más de 300 puestos ambulantes con motivo de las fiestas de la Guelaguetza, habitantes y comerciantes establecidos protestaron con el argumento de que las áreas destinadas para todos ellos, de acuerdo con la ley municipal son prohibidas para la instalación de comercio en vía pública, como el Andador Turístico, El Pañuelito y Jardín Labastida.

A pesar de que su protesta es de siempre, han sido ignorados por la administración municipal y tienen temor de que la Comisión de Mercados y Comercio en Vía Pública a través de los regidores Ismael Cruz Gaytán y Judith Carreño Hernández, logren su cometido. Existe un rechazo a la instalación del comercio en la vía pública a través de las denominadas “Expo Ventas”, mismas que causan daño al Patrimonio Histórico de la Ciudad que día a día se degrada mas.

Plantean la importancia de que el Cabildo aplique la Ley y no contravenga lo dispuesto en el Reglamento de Comercio en la Vía Pública que en su artículo 12 establece que debe prevalecer el interés general por encima de los intereses personales y de grupos. Con un poquito de imaginación y talento las autoridades municipales pueden encontrar una solución que no afecte a ninguna parte y permita llevar la fiesta en paz.

Más allá de que se les cobrará hasta 12 mil pesos a cada uno de los 300 puestos, se debe respetar los espacios para el tránsito de las personas y los sitios y monumentos históricos hoy seriamente dañados. Los tres órdenes de gobierno deben estar preocupados por conservar nuestros edificios históricos, pues hay en la ciudad 1 mil 200 monumentos catalogados, de arquitectura civil y religiosa, en un área de cinco kilómetros cuadrados que comprende el Centro Histórico.

Hay que cuidarlo y preservarlo.

A pesar de que hay nueva administración y se pregona que no se permitirán actos de corrupción, persiste la presencia de “gestores” que actúan con total impunidad. Tal es el caso de la Secretaría de Finanzas (Sefin) que alerta a las autoridades municipales a no dejarse engañar por supuestos gestores, asesores o consultores municipales quienes ofrecen sus servicios para presuntamente gestionar un mayor presupuesto. Si bien el titular Farid Acevedo López informó que los recursos federales que por ley les corresponden a los municipios, serán suministrados de manera directa a la cuenta bancaria que tienen registrada ante la Sefin, urge actuar con oportunidad para castigar a estos vivales.

Tal y como van las cosas en las diferentes dependencias del Gobierno del Estado se necesitará un verdadero saneamiento pues transcurre el tiempo y salen a relucir más casos de corrupción. El caso más emblemático, hasta ahora, es la Secretaría de las Infraestructuras y Ordenamiento Territorial (Sinfra) donde ya suman cuatro ex funcionarios detenidos por probable fraude y corrupción. Se trata de Leopoldo Gilberto L. L., Rubén César M. H., Manuel M. C. y Alejandro Cristóbal C. A. Son imputados por el delito de Uso Ilícito de Atribuciones y Facultades en perjuicio patrimonial de Gobierno del Estado. Una verdadera “Caja de Pandora”.

La Sección 22 del CNTE y organizaciones sociales afines realizaron una marcha para conmemorar el fallido desalojo aquel 14 de junio de 2006 y que dio pie para iniciar la revuelta político y social con ola intención de derrocar al entrences gobernador Ulises Ruiz Ortiz. La dirigente sindical Yenni Pérez Martínez aseguró que hay impunidad y falta de castigo para los más de 20 asesinatos registrados ese año. Hizo un recuento de los sucesos, como el surgimiento de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), las barricadas, la marcha de las cacerolas y la toma del Canal 9, entre otras. Y como siempre sucede, se suspendieron las clases para miles de niños, niñas y

adolescentes.

Cuando muchos pensaban que todo era “miel sobre hojuelas” en la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca, el STEUABJO utilizó camiones del transporte Urbano para bloquear avenida Universidad y el crucero 5 Señores, provocando la irritación de la población. Exigen la liberación de 3.5 millones de pesos correspondiente a un cuatrimestre del Programa de Calidad y Eficiencia y el 2% de apoyo del gobierno estatal pactados en la revisión salarial y por violaciones al Contrato Colectivo de Trabajo (CCT), de lo contrario radicalizarán sus acciones.

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