Debido a los constantes hechos de corrupción las funciones de Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) pasarán a manos de los estados. El anuncio fue hecho por el gobernador Salomon Jara Cruz tras sostener una reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Con la descentralización se pretende terminar con la corrupción que se ha registrado en el organismo federal.

Desde 2020 Fonatur era un «cochinero» en el que se cometieron varios actos de corrupción, como la venta de terrenos a precios de «ganga», durante los gobiernos panistas de Vicente Fox y Felipe Calderón. Existe el propósito del Presidente de decretar áreas de reservas naturales protegidas las aledañas a los centro integralmente planeados y evitar que las tierras se ocupen para los hoteles privados y la sociedad no tenga acceso a las playas.

Quienes conocen el tinglado sostienen que en el fondo la decisión es político-electoral: entregar los recursos públicos de los Centros Integralmente Planeados (CIP) a cinco gobiernos morenistas, desaparecer toda evidencia del manejo del dinero de Fonatur en cuatro años de gobierno y entregar a la Defensa Nacional la operación del Tren Maya. Si bien consideran que declarar reserva natural protegida es políticamente rentable, esto va a detonar cientos de demandas por parte de desarrolladores inmobiliarios e inversionistas privados que son parte de los fideicomisos millonarios que se crearon para construir infraestructura turística en Cancún, Loreto, Huatulco, Los Cabos, Ixtapa y Nayarit.

Todo esto cuando comuneros de Santa María Huatulco han denunciado la incertidumbre jurídica que rodea a las tierras de las localidades Bajos de Coyula y El Arenal. Estos terrenos, sin embargo, fueron expropiados por el gobierno federal con el fin de destinarlos al desarrollo del destino turístico.

Tal y como sucedía en el pasado los legisladores locales de Morena hicieron sentir su mayoría y rechazaron citar a comparecer Leticia Elsa Reyes López, secretaria de Honestidad, Transparencia y Función Pública. Los representantes populares argumentaron que la ciudadanía debe conocer si existen procesos administrativos en contra de integrantes del Sindicato de Trabajadores de los Poderes del Estado e Instituciones Descentralizadas de Carácter Estatal de Oaxaca (STPEIDCEO) y que se informe de procedimientos iniciados, denuncias presentadas y la situación administrativa en la Secretaría de Movilidad a cargo de Claudina de Gyves Mendoza.

Al cumplirse 16 años de la desaparición de Virginia y Daniela Ortiz Ramírez, en el trayecto de Putla a Juxtlahuaca, el Movimiento Unificador de Lucha Triqui (MULT) demandó a las autoridades estatales que se comprometan a dar con el paradero de ellas y castigar a los responsables materiales e intelectuales de la desaparición forzada. A las organizaciones sociales fraternas solicitaron un pronunciamiento enérgico al Estado para exigir la presentación con vida de Virginia y Daniela.

Alicia Santos, directora de la Instancia Municipal de la Mujer en Tututepec, y madre de José Armando González Santos, estudiante de Biología en la Universidad Autónoma Metropolitana que recibió dos balazos en la cabeza, exige justicia. “En carne viva he comprobado las grandes carencias en los hospitales públicos, servicios de salud infrahumanos y denigrantes, que aún están muy lejos de la promesa presidencial de ofrecer servicios de salud como en Europa”, dijo. El militante de la organización “Mujeres Indígenas y Afros Unidas por el Bien de la Costa Oaxaqueña” (Miuco), se encuentra entre la vida y la muerte.

Debido a que no comprobó el financiamiento público que recibió en el ejercicio 2019, el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca (TEEO) ordenó descontar el 50 por ciento de las prerrogativas mensuales que recibe Morena, hasta cubrir los 30 millones de pesos. La responsable es Nancy Ortiz Cabrera, actual delegada de Bienestar y que colocó a Elsa Martínez como tesorera de Morena, se ha cuidado de no decir nada para explicar esta ausencia de rendición de cuentas y transparencia en un partido que se supone busca desterrar vicios el pasado.

¿Será verdad lo que dice el rector de la UABJO, Cristian Carreño López, que se acabo el acoso sexual y que ya no hay grupos de porros?

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Volveremos.

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