El sistema de justicia en Oaxaca está rebasado por la corrupción y la impunidad pues muchas víctimas no reciben atención adecuada y los perpetradores rara vez enfrentan consecuencias. Las comisiones de derechos humanos, tanto estatal como nacional, emiten recomendaciones que pocas veces se cumplen, lo que agrava la desconfianza ciudadana.
Ante tal escenario urge una política integral de respeto y protección de los derechos humanos, con instituciones independientes, servidores públicos capacitados y voluntad política real. Sin garantías efectivas para los derechos humanos, el desarrollo y la paz en Oaxaca seguirán siendo promesas incumplidas.
Las violaciones a estas garantías siguen siendo una grave preocupación. Diversos sectores de la población, particularmente comunidades indígenas, mujeres, periodistas, defensores del territorio y migrantes, enfrentan constantemente abusos por parte de autoridades, cuerpos de seguridad y actores criminales.
Estas violaciones van desde detenciones arbitrarias, uso excesivo de la fuerza, desplazamiento forzado, hasta tortura y desapariciones forzadas. En comunidades indígenas, el despojo de tierras, la imposición de megaproyectos sin consulta previa y la represión de líderes comunitarios representan atentados constantes contra los derechos colectivos.
A pesar de que México ha ratificado tratados internacionales, en la práctica el respeto a la autodeterminación y al territorio de los pueblos originarios es frecuentemente ignorado. Las mujeres también son víctimas de una violencia estructural que se manifiesta en feminicidios impunes, violencia obstétrica y falta de acceso a la justicia. A esto se suma la deficiencia institucional para atender casos de violencia de género y la revictimización de quienes denuncian.
En tanto, los periodistas y defensores de derechos humanos trabajan en un entorno hostil, debido a que se han documentado agresiones, amenazas y asesinatos de comunicadores sin que existan investigaciones eficaces.
Mientras que los migrantes que transitan por el estado también son blanco de extorsión, secuestros y abusos por parte del crimen organizado y, en algunos casos, de las propias autoridades. A pesar de su vulnerabilidad, el Estado mexicano no garantiza su seguridad ni sus derechos fundamentales.
…. A VUELO DE PÁJARO
Los universitarios han emplazado al rector Cristian Carreño López responder sobre denuncias por la presunta contratación y simulación en la prestación de servicios por 467 millones 707 mil 879.07 pesos. Las denuncian se presentaron formalmente ante el ex titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), David Colmenares Páramo, por los delitos de desvío de recursos y defraudación fiscal; y ante la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción, pero acusan que nunca se dio seguimiento a estas presuntas irregularidades. Se acusa al ex rector Eduardo Martínez Helmes, quien tiene como medida cautelar la prisión preventiva y a Carreño López pues la ASF detectó irregularidades por la cantidad de 102 millones de pesos en el ejercicio de 2024.
Desplazados
Lo habitantes de San Juan Mazatlán, Mixe, arribaron al Palacio de Gobierno de Oaxaca, exigen garantías para regresar a su comunidad, tras los ataques armados perpetrados por vecinos de Santo Domingo Petapa. Instalados en plantón frente a Palacio de Gobierno, advirtieron que no levantarán su protesta hasta que se aplique un plan de seguridad efectivo que resguarde su integridad física y ponga fin a la impunidad. La disputa entre San Juan Mazatlán y Santo Domingo Petapa es por la posesión de aproximadamente 26 mil hectáreas de bosque de pino y cedro, un territorio de alto valor ambiental y económico, que ambas comunidades reclaman desde hace más de 50 años. Aproximadamente 30 familias a huir hacia la población de Arroyo Cuchara, perteneciente a Juan Guichicovi.
Olvidados
Tras cumplir seis días en paro de labores, los trabajadores de la Universidad Tecnológica de los Valles Centrales de Oaxaca (UTVCO), mantienen sus protestas en las instalaciones de la Secretaría de Educación Pública (SEP) estatal para llamar la atención de las autoridades y corregir varias omisiones que ponen en riesgo sus derechos laborales, entre ellos, un cambio de apartado laboral realizado en marzo de 2023, lo que, según señalaron, los dejó en un vacío jurídico sin reconocimiento pleno de sus derechos, pues impacta directamente en licencias, permisos, quinquenios y seguridad social, además de afectar las aportaciones para el retiro y la cobertura de servicios médicos.
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