La paciencia de la ciudadanía se ha agotado. Los bloqueos, presentados una y otra vez como herramientas de presión legítima, se han convertido en una forma de castigo colectivo contra quienes nada deciden y todo padecen. Trabajadores que no llegan a sus empleos, estudiantes que pierden clases, enfermos atrapados sin acceso a atención médica y pequeños comerciantes al borde de la quiebra son las verdaderas víctimas de estas medidas.
El derecho a la protesta no puede seguir usándose como excusa para vulnerar otros derechos igual de fundamentales: el libre tránsito, el trabajo, la salud y la educación. Cuando una causa necesita paralizar ciudades enteras para hacerse escuchar, algo está fallando en el diálogo, en la representación o en la voluntad política, pero no es la población quien debe pagar el costo.
El hartazgo no es indiferencia ni falta de conciencia social; es cansancio ante la repetición de conflictos que se resuelven siempre sobre las espaldas de los mismos. La ciudadanía exige soluciones reales, canales de negociación efectivos y autoridades capaces de anticipar y resolver problemas sin recurrir al caos como método. Protestar no debería significar inmovilizar a un país ni normalizar el sufrimiento cotidiano de millones.
Los bloqueos ya no son protesta: son abuso. Se han transformado en una práctica irresponsable que secuestra a la población y la obliga a pagar por conflictos que no provocó ni puede resolver. No es presión política, es coerción social. No es lucha, es atropello. Mientras unos pocos deciden cerrar carreteras, miles quedan atrapados: gente que pierde su salario, pacientes que no llegan a un hospital, niños sin clases, alimentos que no llegan, ciudades paralizadas. Todo eso no es “daño colateral”, es el resultado directo de una estrategia que desprecia la vida cotidiana de la mayoría.
Invocar el derecho a la protesta para justificar el bloqueo total es una distorsión peligrosa. Ningún derecho es absoluto cuando anula a los demás. Cuando protestar implica impedir trabajar, circular o atender una emergencia, se cruza una línea ética y democrática que no debería normalizarse.
… A VUELO DE PÁJARO
“Al buen entendedor pocas palabras”, dice el refrán, y desde la tribuna del Congreso del Estado se escuchó: “La Secretaría de Bienestar a través de su representación en Oaxaca y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas no pueden seguir trabajando de manera desarticulada”. En claro mensaje a su titulares, Nancy Ortiz y Adelfo Regino, los reclamos son severos de que las instituciones sean responsables de que el recurso no llegue a las comunidades. Por ello, el pleno del Congreso de Oaxaca aprobó un punto de acuerdo que las responsabiliza de fallas en la implementación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas (FAISPIAM) en el estado.
Contra mujeres
La violencia contra las mujeres en Oaxaca ya no puede seguir tratándose como una estadística más ni como un problema “cultural” inevitable. Es una crisis profunda, sostenida por la impunidad, la negligencia institucional y un sistema que sigue fallando, una y otra vez, a quienes deberían estar protegidas. En el estado, ser mujer implica vivir con miedo: miedo a desaparecer, a ser agredida, a no ser escuchada. Los feminicidios, las agresiones sexuales y la violencia doméstica no ocurren en el vacío; prosperan en un entorno donde las denuncias se minimizan, las investigaciones se retrasan y la justicia llega —cuando llega— demasiado tarde. Un pendiente que no se puede posponer.
¿Otro partido?
Con “bombo y platillo se anuncia la conformación de un “nueva” organización política con cartuchos quemados que poco o nada ayudan a participación de la sociedad en la política de los oaxaqueños. El surgimiento de nuevos partidos políticos ya no despierta esperanza, sino desconfianza. Para una ciudadanía cansada de promesas vacías, esta idea no representa renovación sino reciclaje del mismo oportunismo de siempre. Cambian los nombres, los colores y los logos, pero no las prácticas ni las ambiciones. Lejos de responder a demandas sociales reales, muchos de estos partidos parecen creados para repartir cuotas de poder, asegurar financiamiento público y ofrecer refugio a políticos desplazados. No nacen de movimientos ciudadanos genuinos, sino de cálculos electorales fríos que subestiman la inteligencia de la gente.
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