A través del fortalecimiento de la vigilancia preventiva, la aplicación de la ley y la coordinación operativa en puntos estratégicos de la capital, el gobierno municipal de Oaxaca de Juárez que encabeza Ray Chagoya busca responder al reclamo de mayor seguridad física y patrimonial. Se intensificarán los operativos permanentes, la coordinación con instancias estatales y federales, así como las acciones preventivas.

Por medio de la Secretaría de Seguridad Vecinal en los últimos días se realizaron acciones que derivaron en la detención de 54 personas, la imposición de 375 infracciones y el envío de 62 vehículos al corralón. En operativos focalizados se logró el decomiso de 297 objetos punzocortantes y la clausura de 7 establecimientos que no cumplían con la normatividad vigente, reforzando así el orden y la seguridad en espacios comerciales y puntos estratégicos.

En este escenario, es indudable que la participación ciudadana es clave. La denuncia, la organización comunitaria y la exigencia transparente de resultados son herramientas fundamentales para fortalecer el estado de derecho. Por ello el llamado a conjugar esfuerzos, para que la obligación principal de garantizar la protección de los ciudadanos sea efectiva.

En estados como Oaxaca y en especial en nuestra ciudad, donde la diversidad cultural y la organización comunitaria forman parte de la identidad social, la participación ciudadana puede convertirse en una herramienta poderosa. Las agencias, calles y colonias que se organizan en comités vecinales, redes de apoyo y sistemas de vigilancia comunitaria logran no solo prevenir delitos, sino también fortalecer la confianza entre vecinos.

La participación ciudadana en la lucha contra la delincuencia es un pilar esencial para construir comunidades más seguras. Cuando sociedad y autoridades trabajan de manera conjunta, se fortalece el tejido social y se generan condiciones reales para la paz y el desarrollo.

…. A VUELO DE PÁJARO 

El Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca, como órgano rector del poder judicial estatal, tiene una responsabilidad ineludible con la garantía del acceso efectivo a la justicia, la protección de los derechos humanos y la administración imparcial de los conflictos sociales. Sin embargo, en los últimos años ha sido evidente un preocupante fenómeno de abandono institucional, cuyas consecuencias trascienden la simple ineficiencia administrativa para impactar de manera directa en la ciudadanía que más necesita del Estado de Derecho. Cuando la ciudadanía no tiene acceso claro y comprensible a estadísticas judiciales, a criterios de asignación de personal o a indicadores de gestión, se profundiza la opacidad que en la práctica, protege los viejos vicios burocráticos y permite que el abandono pase inadvertido o no sea sancionado.

Feminicidios 

En la comunidad de Santa María Lachichina, del municipio de San Juan Yaeé en la región Sierra Juárez, una profesora fue localizada sin vida al interior de su domicilio, al igual que su pareja sentimental. Cada cifra de feminicidio, cada historia truncada, representa no solo una vida arrebatada, sino también fallas profundas del Estado y de una sociedad que tolera la desigualdad y la impunidad. Organizaciones especializadas, como el Grupo de Estudios sobre la Mujer “Rosario Castellanos” (GESMujer), documentan cifras incluso más altas: según su seguimiento, 71 feminicidios fueron registrados en 2025 hasta finales de octubre, evidenciando que la violencia contra las mujeres no se detiene y se diversifica en diferentes regiones y modalidades.  

Iniciativa 

La iniciativa de reforma constitucional electoral establece que la Cámara de Diputados mantendrá 500 integrantes, todos electos por votación directa: 300 por mayoría relativa y 200 bajo un esquema de representación proporcional que incluye a los candidatos mejor votados sin triunfo, representantes por circunscripción y ocho escaños para mexicanos residentes en el extranjero. Recorte del 25 por ciento en el costo de las elecciones, con reducciones al presupuesto del INE, partidos políticos, organismos locales electorales (OPLES) y tribunales.  Se reitera en la Constitución que los cargos de elección popular no pueden transferirse a familiares directos —cónyuges, hijos o hermanos— del funcionario en turno.

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