Decididos a perjudicar la educación de miles de niños, niñas y jóvenes oaxaqueños la Sección 22 de la CNTE confirmó que se van al paro indefinido de actividades docentes. La secretaria general, Yenny Aracely Pérez Martínez, entregó el pliego de demandas anuales donde piden la abrogación de la Ley del ISSSTE, la reforma educativa y un incremento salarial al sueldo base, como también la abrogación del decreto firmado por el entonces gobernador Gabino Cué Monteagudo, el cual rompió la bilateralidad sindical.

 Margen de reclamar contrataciones, recategorizaciones, cambios de clave y basificaciones, atención a rezagos en infraestructura educativa, equipamiento tecnológico y mobiliario escolar. Insisten en atención a víctimas del conflicto de 2006 y 2007 —durante el gobierno de Ulises Ruiz Ortiz—, así como a los sucesos de Asunción Nochixtlán en 2016 y la situación de expresos políticos.

Hablar de educación en Oaxaca es hablar de una deuda histórica que ningún gobierno ha querido —o podido— saldar de fondo. El problema no es nuevo, pero sí cada vez más profundo y más evidente. Con uno de los mayores rezagos educativos del país, la combinación de pobreza, marginación, dispersión geográfica y abandono institucional ha generado un sistema desigual desde su origen. 

La educación en Oaxaca ha sido rehén de intereses políticos y sindicales durante décadas. La Sección 22, lejos de limitarse a la defensa laboral, ha incidido directamente en la gobernabilidad educativa, condicionando reformas, calendarios y contenidos. A esto se suma la falta de continuidad en las políticas públicas pues cada administración llega con “nuevos modelos” que en realidad son reciclaje de ocurrencias, sin evaluación seria ni resultados medibles. No hay un proyecto educativo de largo plazo; hay improvisación.

El impacto es evidente: altos niveles de deserción escolar, bajo aprovechamiento académico y una brecha cada vez mayor frente a otros estados. Miles de niños y jóvenes quedan atrapados en un sistema que no les ofrece herramientas reales para competir ni para romper el ciclo de pobreza.

…. A VUELO DE PÁJARO

Te pronto salió a la luz pública la Alianza de Sindicatos y Asociaciones del Estado de Oaxaca (ASAEO), fue acusada de intimidar a los socios de la  Asociación de Hoteles y Moteles para obtener el servicio de transporte de pasajeros a través de taxis. A través de un comunicado, señaló que estas acciones son inaceptables y atentan contra la libertad de elección, la paz social y la seguridad de sus establecimientos, colaboradores y huéspedes. Con el argumento de defender la libre competencia, la legalidad y el derecho de decidir con quién trabajar, sin ser objeto de violencia, intimidación o represalias, apuntó que no cederá ante la imposición ni la amenaza provenientes de la nueva organización sindical. 

Riesgos 

El periodismo en Oaxaca atraviesa un momento delicado, marcado por presiones políticas, violencia y precariedad laboral que colocan en riesgo no solo a quienes ejercen la labor informativa, sino también el derecho de la sociedad a estar informada. En distintas regiones del estado, periodistas enfrentan amenazas, intimidaciones y campañas de desprestigio cuando sus investigaciones tocan intereses de grupos de poder, ya sean políticos, sindicales. La línea entre informar y ponerse en riesgo se ha vuelto cada vez más delgada. A esto se suma la falta de garantías efectivas por parte de las autoridades, cuyos mecanismos de protección suelen ser tardíos, insuficientes o meramente reactivos. Proteger a periodistas en Oaxaca no debería ser un discurso recurrente, sino una política pública efectiva. 

Dirigencia 

Ariadna Montiel advirtió que ningún aspirante a una candidatura de cara a las elecciones de 2027 será postulado si existen certezas de que ha incurrido en actos de corrupción, sin importar que haya obtenido el respaldo de la militancia en los procesos de selección interna. La dirigente de Morena vive momentos difíciles y complicados tras la acusación de Estados Unidos al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, por presuntos vínculos con el narcotráfico y de formar parte de una red que habría protegido al Cártel de Sinaloa. La acusación fue presentada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos y la Administración para el Control de Drogas (DEA).

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Volveremos 

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