La muerte de Juan Torralba González en la cárcel municipal de San Martín Peras, horas después de ser detenido durante los festejos de Fieles Difuntos, vuelve a poner en evidencia que las policías municipales carecen de capacidad y preparación y siguen haciendo de la violencia física su carta de presentación. 

Su familia acusa a policías del pueblo de haberlo golpeado hasta causarle la muerte y hoy se agrega a un caso más de violencia policial en cárceles del estado. 

Las muertes bajo custodia en separos y cárceles municipales de Oaxaca es una preocupación recurrente señalada por la DDHPO y organismos nacionales de derechos humanos. Diversas investigaciones registran casos donde personas aprehendidas por faltas administrativas o delitos menores sufren agresiones físicas durante la detención o al interior de las celdas. 

En múltiples ocasiones, las autoridades informan la causa de muerte como “suicidio” o “paro cardiaco”, mientras que familiares e investigaciones independientes señalan traumatismos o negligencia médica.  En numerosos municipios de Oaxaca —especialmente en aquellos regidos por Sistemas Normativos Indígenas o en zonas de alta marginación— los elementos encargados de la vigilancia no cuentan con formación policial formal, protocolos de actuación en materia de derechos humanos ni evaluaciones de control de confianza.

La falta de monitoreo periódico dentro de las celdas y la no aplicación de protocolos de prevención de riesgos (como la detección de estados de ebriedad severa o crisis de salud mental) derivan en fallas graves en la responsabilidad de custodia que le compete al Estado y a los ayuntamientos.

Casos emblemáticos como los de Abigail Hay Urrutia en Salina Cruz y Diego Ignacio Paz en el valle central visibilizaron mediáticamente la urgencia de erradicar los abusos en detenciones y celdas municipales, motivando la detención de mandos y agentes en su momento.

… A VUELO DE PÁJARO 

La capital oaxaqueña registró una disminución del 5.8 por ciento en los delitos de impacto, como resultado del trabajo coordinado entre los tres órdenes de gobierno y la implementación de acciones de prevención, vigilancia y atención a las causas que generan la violencia. El presidente municipal de Oaxaca de Juárez, Ray Chagoya explicó que durante el periodo analizado los delitos de impacto pasaron de 1,376 casos en 2025 a 1,296 en 2026. Septiembre registró únicamente 111 delitos de este tipo, la cifra mensual más baja de los últimos nueve años. Se fortalece la colaboración interinstitucional, el uso de mapas de calor para identificar zonas prioritarias, la capacitación y el equipamiento de los cuerpos policiales, así como al seguimiento de la Estrategia Nacional de Seguridad.

Vivillo

Diego Moisés Pérez de la Cruz, Subsecretario de Política Social para el Bienestar y principal rostro del programa “Mi Primera Chamba”, se encuentra en el “ojo del huracán” y no precisamente por su eficiencia y capacidad. Sino por su presunta capacidad para cobrar al mismo tiempo en varias nóminas del Gobierno del Estado. Según se dio a conocer con datos públicos de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT),cobra en dos nóminas institucionales: Recibe 87 mil 818 pesos mensuales en la Secretaría de Bienestar, Tequio e Inclusión (SEBIENTI) y 77 mil 904 pesos a través del IEEPO, desglosados en seis percepciones distintas. Que hable la ciencia.

Abusos 

El propio gobernador Salomón Jara Cruz reconoció abusos en el cobro de los servicios que ofrecen taxis en Oaxaca de Juárez, una ciudad eminentemente turística con tarifas muy elevadas que sin duda están acabando con la “gallina de los huevos de oro”. Debido a que la Semovi que encabeza Yesenia Nolasco permanece impávida, sin atender los abusos denunciados por usuarios, los ruleteros han impuesto las tarifas que mejor les conviene con un manto de total impunidad. Hoy que se siguen discutiendo los servicios por aplicación, el gobierno estatal apuesta por Taxi Si, que no acaba de trascender. 

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