Por. Humberto Torres R.

Transcurre el tiempo y los triquis desplazados de San Juan Copala se siguen apoderando de más espacios en el primer cuadro de la ciudad. Instalados en el corredor de Palacio de Gobierno, no tienen la menor preocupación de desalojar ese sitio que desde hace mucho se ha convertido en una extensión del mercado de artesanías y mantienen el argumento de que no hay atención a sus demandas para poder regresar a su región.

En el sexenio pasado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió medidas cautelares a favor de un grupo de mujeres de San Juan Copala, que supuestamente fueron desplazados de su comunidad. Fue aceptada por el entonces gobernador Gabino Cué, quien se comprometió así a garantizar la alimentación, vivienda digna y seguridad, para los desplazados entre los que se incluyen niños.

A pesar de que sólo algunos de los indígenas triquis aceptaron ocupar los espacios ofrecidos por el Gobierno del Estado, uno de los grupos de desplazados triquis que desde entonces instalaron un campamento se resisten a registrarse, tanto porque

mensualmente reciben recursos económicos de la administracion estatal como porque han encontrado en la renta de espacios un pingüe negocio que no lograrán  en otro lado.

Si bien mantienen su exigencia para que el Gobierno del Estado les garantice el retorno a su lugar de origen, San Juan Copala o su reubicación en algún predio en Oaxaca de Juárez, en cualquier otra población de Valles Centrales, Huajuapan de León y Juxtlahuaca, en los hechos ignoran cualquier acuerdo. Lo que ha obligado a que la sociedad oaxaqueña emplace a las autoridades a terminar con esta situación que se ha convertido en un chantaje más. 

     … A VUELO DE PÁJARO

     Salomón Jara, Benjamín Robles Montoya, Hilda Luis y Francisco Martínez Neri, fueron acusados de utilizar el municipio de San Jacinto Amilpas como “botín” económico y político. Los ex presidentes municipales Erasmo Zavaleta Ruiz, Teodoro Juan Olmedo López e Ignacio Cruz López, coincidieron que son utilizados por los militantes de Morena y del PT para sus intereses y han postergado progreso y desarrollo de la población. Inseguridad, basura, falta de servicios como agua potable y drenaje en la misma cabecera y las colonias, son ejemplo de la problemática que enfrentan.

     Convenio

     La Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca (UABJO) y la Defensoría del los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) firmaron convenio para colaborar en materia académica, científica, tecnológica y de actualización sobre Derechos Humanos. Más tarde, el rector Eduardo Bautista Martínez se reunió con Nathalie Ludec de la Universidad Rennes en Francia, para ampliar relaciones internacionales y atender movilidad estudiantil y vinculación científica y cultural con nuestra máxima casa de estudios.

     Ya es tendencia

     Mientras todo hace indicar que Alejandro Moreno, conocido como “Alito”, actualmente gobernador de Campeche, será el próximo dirigente nacional del PRI, dejando para mejora ocasión a Ivonne Ortega, exgobernadora de Yucatán; José Narro Robles, exrector de la UNAM; y el exgobernador de Oaxaca Ulises Ruiz, el gran reto lo vivirá este domingo cuando se disputen selecciones en varias entidades de la República. Los priistas están conscientes que pueden ser arrastrados al tercer o cuarto lugar en los seis estados y en el caso de Baja California, hasta perder el registro si no logra el 4 por ciento.

     Terminó afiliación

     Hoy concluye el proceso de afiliación en el PRI estatal que encabeza Jorge González Ilescas y no se observan buenas cuentas, pues hasta antes de iniciare la campaña contaban con 107 mil afiliados y hasta ayer solo se habían anotado 10 mil más. Actualmente el tricolor cuenta con 4 millones 367 mil 769 afiliados en estados gobernados por otros partidos, mientras que cuenta con 2 millones 420 mil 326 afiliados en entidades que aún gobierna.

     Para saber

     El estudio “La situación de la violencia relacionada con las drogas en México del 2006 al 2017: ¿Es un conflicto armado no internacional?”, que elaboró la Clínica de Derecho Internacional Humanitario de la Universidad de Leiden en los Países Bajos (CDIHLU), plantea que a medida que se desplegaron las Fuerzas Armadas en el país los homicidios dolosos aumentaron. En primer instancia, explica, el equipamiento que utilizaron los más de 50 mil efectivos militares que se utilizaron en las operaciones constaba de armas automáticas y lanzacohetes. En contraparte las organizaciones de tráfico de drogas buscaron aumentar su poder de fuego lo que se tradujo en el uso de granadas, lanzagranadas, fusiles de asalto, ametralladoras y lanzacohetes.

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     Volveremos.

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