Tras las denuncias de ciudadanos sobre la presunta colusión de elementos de la Policía Vial Estatal de Oaxaca y de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) en fraudes por la venta de vehículos en el estado, las autoridades involucradas, Bernardo Rodríguez Alamilla, Fiscal General de Oaxaca y el director de la Policía Vial Estatal, Toribio López Sánchez, están emplazados a responder puntualmente y desterrar cualquier signo de tolerancia ante posibles actos de corrupción. 

Si bien por ahora el director de la Policía Vial ha descartado la participación de los elementos en el delito de fraude, los señalamientos en su contra han sido muy severos por la colusión de agentes de investigación y de la fiscalía por las trabas en la presentación de su denuncia. Y si bien existe el compromiso del gobernador Salomón Jara Cruz de “no vamos a proteger a nadie, si interviene la policía, si interviene alguien, eso lo vamos a dar a conocer”, es necesario deslindar responsabilidades.

Y es que la actuación de la Policía Vial Estatal en Oaxaca vuelve a estar bajo cuestionamiento. Ciudadanos, transportistas y organizaciones civiles han comenzado a alzar la voz ante presuntos abusos, actos de corrupción y operativos que, lejos de mejorar la movilidad, parecen enfocados en la recaudación.

Las denuncias apuntan a multas arbitrarias, detenciones sin justificación clara y una constante falta de criterios uniformes en la aplicación del reglamento. En lugar de generar confianza, la presencia de los agentes viales se ha convertido, para muchos, en motivo de incertidumbre y molestia.

También piden revisar la actuación de la Policía Ministerial con una mayor vigilancia y control sobre el desempeño de estos elementos, ante señalamientos de abusos, irregularidades en investigaciones y posibles violaciones a derechos humanos. A esto se suma la falta de transparencia. Los procesos internos de supervisión son poco claros y rara vez se informa sobre sanciones o medidas correctivas contra agentes que incurren en irregularidades. 

No existen mecanismos claros y accesibles para denunciar irregularidades, y cuando se presentan quejas, pocas veces hay consecuencias visibles. La percepción de impunidad solo agrava el problema y debilita la credibilidad de la corporación.

…. A VUELO DE PÁJARO

Por tercer día consecutivo, trabajadores de la Sección 35 del SNTSA de la delegación de Tlacolula de Matamoros desquiciaron las actividades cotidianas de los oaxaqueños. Se manifestaron en las oficinas de la Sección 35 del SNTSA para exigir la salida de Martha Leticia Viveros Montalvo, jefa de la jurisciin 06 de la Sierra con sede en Tlacolula. La acusan de desconocer su labor, incurrir en casos de acoso y afectar a los trabajadores. Al margen, argumentan demandas administrativos sin atender.

Diálogos 

Desde el Palacio Municipal de Oaxaca de Juárez, el presidente municipal Ray Chagoya atendió de manera directa a las vecinas y vecinos de la capital en el Día del Pueblo a través de los Diálogos Vecinales. A intención es escuchar las necesidades de la ciudadanía y dar atención puntual, en coordinación con todas las áreas del Gobierno Municipal, para construir soluciones que mejoren la calidad de vida en los barrios, los parajes, colonias y agencias de Oaxaca de Juárez.

Agresor 

Estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) en Ciudad Ixtepec confían que sus denuncias sean tomadas en cuenta y puedan erradicar el acoso sexual de parte de un docente hacia sus compañeras y la omisión del director para dar respuesta efectiva a los casos. Exigen la salida del director de este plantel, José Luis Morales Jiménez y de tres docentes, Emmanuel Valencia Alcocer, Yeni Violeta Fuentes Pérez y María de Jesús Rosado Montiel, a quienes acusan de solapar al agresor y en represalia han dejado de impartirles clases. El protagonista es Iván Castillejos, presunto agresor.

Rector 

El reto del nuevo rector de la UABJO va más allá de alcanzar la excelencia académica, mejorar su infraestructura, castigar el acoso sexual  contra estudiantes y desterrar e ausentismo de profesores. Atender la urgencia de una nueva Ley Orgánica, no como un capricho político, sino una necesidad impostergable para rescatar a la institución del rezago, la opacidad y la captura de intereses internos. El marco legal vigente ha quedado rebasado por la realidad universitaria. Hoy, la UABJO opera con reglas que no garantizan transparencia en el manejo de recursos, ni procesos democráticos claros en la elección de autoridades. 

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