Municipios como Juchitán de Zaragoza, Salina Cruz y Tehuantepec, se han convertido en focos rojos por la disputa de grupos criminales vinculados al trasiego de drogas, extorsión y control territorial. La violencia ahí no es aislada: responde a intereses económicos y a la ubicación estratégica de la zona, especialmente con proyectos de infraestructura que, lejos de pacificar, han intensificado tensiones.

En la Cuenca del Papaloapan, Tuxtepec enfrenta un problema persistente de homicidios y narcomenudeo. A pesar de operativos constantes, la percepción de inseguridad no disminuye. La ciudadanía vive entre la normalización de la violencia y la desconfianza hacia autoridades que parecen reaccionar tarde o sin estrategia clara.

A esto se suman municipios de la Sierra Sur y la Mixteca, donde los conflictos agrarios y políticos derivan en enfrentamientos armados. En estas zonas, la violencia tiene raíces históricas y comunitarias, pero la ausencia de mediación efectiva del Estado la prolonga y agrava.

El problema de fondo no es solo criminal, sino estructural. La falta de coordinación entre niveles de gobierno, la corrupción, la impunidad y la precariedad económica crean un caldo de cultivo donde la violencia se reproduce. Mientras no se atiendan estas causas, cualquier estrategia de seguridad será superficial.

Oaxaca no es violento por naturaleza; es un estado abandonado en muchos de sus territorios. Y donde el Estado no llega con justicia, educación y oportunidades, la violencia siempre encuentra espacio para crecer.

El discurso oficial que minimiza la inseguridad contrasta con la experiencia diaria de la población. Negar o maquillar la realidad solo agrava el problema, porque impide diseñar estrategias basadas en diagnósticos honestos. La seguridad no puede reducirse a operativos temporales; requiere prevención, reconstrucción del tejido social y fortalecimiento real de las instituciones de justicia.

… A VUELO DE PÁJARO 

Ante la creciente violencia en las diferentes regiones del estado, el Arzobispo de Antequera Oaxaca, Pedro Vázquez Villalobos, lamentó que las agresiones armadas sigan causando pérdidas de vidas humanas. Nuestros pueblos siguen sufriendo y nuestras familias siguen llorando y nuestros hermanos siguen con lamentos dijo. Actividades como el narcotráfico, el robo y la trata de personas han incrementado la inseguridad, afectando especialmente a comunidades vulnerables. La falta de oportunidades económicas y educativas facilita que jóvenes sean captados por estas redes. También existe una violencia estructural que se manifiesta en la pobreza, la marginación y la exclusión histórica de pueblos indígenas.

Pendientes

Para muchas comunidades indígenas y zonas rurales, el sistema judicial resulta distante, costoso y culturalmente ajeno. La falta de intérpretes, defensores públicos suficientes y mecanismos de justicia intercultural limita el ejercicio pleno de sus derechos. El reto del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca que encabeza Erika Rodríguez es titánico pues la modernización del sistema sigue siendo una tarea pendiente. La digitalización de procesos, la capacitación continua del personal y la transparencia en la información son elementos clave que avanzan lentamente, lo que mantiene al sistema anclado en prácticas burocráticas poco eficientes. Recuperar la confianza ciudadana requiere más que reformas superficiales: implica combatir la corrupción, garantizar la independencia judicial y construir un sistema accesible, eficiente y verdaderamente comprometido con la justicia.

Olvidados 

Pasan los días y el conflicto en el Archivo Central del Registro Civil parece no importarle a nadie, a pesar del daño que sufre la institución en lo administrativo. O trabajadores exigen transparencia en la designación de la titular y denuncian una pugna entre altos funcionarios estatales que exhibe su ambición de poder político pero también económico, además de un presunto esquema de cobros indebidos que tal parece rinde pingües intereses. Si no se atiende de fondo, el Registro Civil corre el riesgo de convertirse en un símbolo más del deterioro institucional en el estado. La solución no pasa solo por resolver el conflicto inmediato, sino por reconstruir la confianza, garantizar la transparencia y asegurar que el derecho a la identidad no quede rehén de disputas internas.

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