La crisis de personas desaparecidas en Oaxaca se ha convertido en una herida abierta que el discurso oficial ya no logra ocultar. Lo que antes se percibía como hechos aislados hoy dibuja un patrón alarmante: jóvenes, mujeres y hombres que se esfuman en medio de la impunidad, la descoordinación institucional y la indiferencia gubernamental.

Las cifras apuntan a un incremento sostenido en los reportes de desaparición. Sin embargo, más grave que el número es la respuesta del Estado: lenta, burocrática y, en muchos casos, negligente. Las familias enfrentan no solo la ausencia de sus seres queridos, sino también un sistema que las obliga a convertirse en investigadoras, rastreadoras y defensoras de derechos humanos ante la inacción de las autoridades.

En nuestro estado la geografía y la marginación agravan el problema, pues en  regiones con alta presencia de pobreza, migración y débil presencia institucional se convierten en terreno fértil para redes criminales, trata de personas y reclutamiento forzado. A esto se suma la falta de capacidades técnicas en las fiscalías, la escasez de personal especializado y la nula coordinación entre niveles de gobierno.

El papel de la Fiscalía General del Estado ha sido duramente cuestionado. Colectivos denuncian omisiones en la integración de carpetas, pérdida de evidencias y una alarmante falta de sensibilidad hacia las víctimas. La Comisión Estatal de Búsqueda, por su parte, opera con recursos limitados y sin el respaldo político suficiente para enfrentar una crisis de esta magnitud.

Mientras tanto, los colectivos de madres buscadoras se han convertido en el rostro más digno —y más doloroso— de esta tragedia. Armadas con picos, palas y esperanza, recorren cerros, caminos y fosas clandestinas, haciendo el trabajo que el Estado no ha querido o no ha sabido hacer. Su lucha no solo evidencia la dimensión del problema, sino también el abandono institucional.

…. A VUELO DE PÁJARO

Cual verdadero “ajonjolí de todo los moles”, Saymi Pineda Velasco, secretaria de Turismo, busca acaparar reflectores por todos lo medios. Ante la proximidad del proceso electoral en 2027 trata de llamar la atención y juega a adelantarse, como otros. La diferencia la marcará si logra sostener su aspiración con resultados tangibles o si termina diluyéndose en la larga lista de quienes confundieron visibilidad con respaldo real. 

Juchitán

El asesinato de un menor en Juchitán de Zaragoza vuelve a exhibir la urgencia de rescatar a uno de los municipios más importantes de la región el Istmo. Se ha convertido en un ejemplo incómodo de lo que ocurre cuando el poder público se fragmenta y la autoridad se diluye: un municipio que, sin declararse formalmente como tal, opera en muchos sentidos como un territorio fallido La disputa constante entre grupos políticos, organizaciones sociales y estructuras de poder fáctico ha erosionado la capacidad del gobierno municipal para garantizar lo más básico: seguridad, orden y servicios. 

Respuestas 

El 15 de mayo se dará una primera respuesta al pliego de demandas de la Sección 22 de la CNTE. El director del IEEPO, Emilio Montero Pérez, informó que en el marco del “Día del Maestro”, habrá propuestas a los 79 puntos, entre demandas administrativas, educativas, de infraestructura, justicia y económicas. Las dos principales son de índole federal: la abrogación de la Ley del ISSSTE y la abrogación de la reforma educativa, en la que hay voluntad de diálogo. Confirmó avances en la contratación de maestros por jubilaciones y fallecimientos, pues so recursos federales para atender al magisterio.

Soberbio 

Fernando Huerta Cerecedo, presidente municipal de San Juan Bautista Tuxtepec, se exhibió de cuerpo completo. “Los puedo correr en cualquier momento”, espetó a los trabajadores de ese ayuntamiento. Soberbio, engreído, el munícipe surgido de las filas del Partido del Trabajo, zarandeó verbalmente a quienes llegaron tarde a un evento y ante los inclementes rayos del sol buscaron refugio. Tuxtepec no enfrenta un solo problema: arrastra una suma de pendientes estructurales que ponen a prueba la capacidad —y la voluntad— del gobierno municipal. El reto no es administrar inercias, sino romperlas.

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