Morena no espera del Partido del Trabajo (PT) en Oaxaca una relación de iguales, sino una alianza funcional y disciplinada, pues sabe que no juega gratis. Lo que busca es cuotas de poder: posiciones en el Congreso local, ayuntamientos, y espacios en la administración pública. Además, intenta mantener cierta identidad propia para no diluirse completamente en Morena.

De cara a las elecciones del 2027, Morena necesita que el PT sume votos sin generar conflictos internos ni candidaturas que compitan de facto contra el bloque oficial. Si bien es un partido minoritario, tiene estructura territorial en zonas clave y puede inclinar resultados en elecciones cerradas.

Busca que respalde sin fisuras las decisiones del gobierno estatal y federal, desde reformas hasta designaciones. En Oaxaca, donde el control político se construye con acuerdos, el PT es visto más como aliado táctico que como contrapeso. Sin embargo, la confrontación de su dirigencia estatal y legisladores federales con el gobernador SalomónJara Cruz, tensa la relación y futuros acuerdos, tensión que refleja disputas más profundas por el control político, la distribución de candidaturas y el acceso a espacios de poder.

Aunque ambos partidos forman parte de la llamada “Cuarta Transformación” y han sido aliados electorales, desde el inicio de este sexenio el PT expresó inconformidades. La competencia entre cuadros de Morena y del PT ha derivado en rupturas locales, candidaturas separadas e incluso confrontaciones políticas abiertas. Estas fracturas no solo debilitan la cohesión de la coalición, sino que también abren espacios para que partidos de oposición intenten capitalizar el descontento.

Figuras locales del PT han cuestionado el centralismo de Morena y la imposición de perfiles, mientras que desde Morena se percibe al PT como un aliado que presiona más de lo que aporta electoralmente. Si la confrontación escala, podrían llegar divididos a futuros comicios, lo que pondría en entredicho su hegemonía en Oaxaca. Sin embargo, también es probable que, como ha ocurrido en otros momentos, las diferencias se negocien pragmáticamente, priorizando la permanencia en el poder sobre las disputas internas.

…. A VUELO DE PÁJARO

El próximo 13 de mayo los universitarios elegirán a rector de la UABJO y uno de los compromisos de los contendientes sobre todo de Farid Acevedo López y Enrique Martínez Martínez, debe ser exigir una auditoría al actual rector, Cristian Eder Carreño, que deja a su sucesor al menos 500 millones de pesos por solventar.

Hoy se habla de prácticas como el manejo discrecional de recursos, venta de espacios académicos, tráfico de influencias en la asignación de plazas y uso político de la universidad por grupos internos. Estas dinámicas han generado un sistema de poder enquistado, donde facciones sindicales y grupos estudiantiles operan más como estructuras de control que como actores académicos.

Escándalo 

Un caso doméstico como la elección de rector de la UABJO, ya trascendió y el escenario fue la Cámara de Diputados federal donde la legisladora federal Margarita García acusó al gobernador Salomón Jara de presuntamente reprimir a universitarios opositores a su candidato a rector, Farid Acevedo López, mediante órdenes de aprehensión, despidos y carpetas de investigación catedráticos y líderes sindicales. Además, dijo que Farid no cumple con los requisitos legales para contender por la rectoría y advirtió un intento de imposición que vulnera la autonomía universitaria. 

Abandonados 

Miles de niños y niñas crecen en condiciones de abandono, pobreza extrema y violencia estructural mientras el DIF estatal y los sistemas municipales operan con limitaciones, opacidad y, en muchos casos, indiferencia. En comunidades indígenas y zonas urbanas marginadas, la infancia enfrenta carencias básicas: alimentación insuficiente, acceso precario a la salud y educación intermitente. A esto se suma un problema aún más grave: la desprotección. Niños en situación de calle, víctimas de trabajo infantil o expuestos a entornos de violencia familiar no encuentran en el DIF una red sólida de apoyo, sino una institución rebasada que reacciona tarde y mal. Los albergues, donde deberían garantizarse condiciones dignas, han sido señalados por falta de recursos, personal insuficiente y escasa supervisión.

Señalados 

La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York presentó una acusación formal contra 10 funcionarios mexicanos, entre ellos el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, por delitos de narcotráfico y armas. Los señalados habrían conspirado con el Cártel de Sinaloa para introducir drogas a Estados Unidos a cambio de apoyo político y sobornos.

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