Las desapariciones ya no son casos aislados en Oaxaca: se han convertido en una herida abierta que evidencia la fragilidad institucional y la falta de una estrategia efectiva de seguridad. Cada persona desaparecida representa no solo una tragedia familiar, sino también el fracaso de un sistema que reacciona tarde, investiga poco y, en muchos casos, normaliza la impunidad.

Las cifras van en aumento, pero más alarmante aún es la indiferencia con la que parecen tratarse. Las autoridades suelen escudarse en discursos repetitivos mientras las familias se organizan por su cuenta para buscar a sus seres queridos, enfrentando riesgos, burocracia y abandono. En lugar de respuestas, encuentran silencio.

 A la desaparición de personas se agrega la de Roxana López Martínez, en la comunidad de San Martín Itunyoso, en la Mixteca, que se inserta en este fenómeno que no puede desvincularse del contexto de violencia, pobreza y descomposición social que atraviesa diversas regiones del estado. La falta de oportunidades para los jóvenes, la presencia del crimen organizado y la débil coordinación entre niveles de gobierno han creado un terreno fértil para que las desapariciones se multipliquen.

Urge pasar del discurso a la acción pues Oaxaca necesita instituciones que investiguen con seriedad, protocolos de búsqueda inmediatos y una política integral que atienda las causas de fondo. Mientras eso no ocurra, las desapariciones seguirán creciendo, y con ellas, la desconfianza de una sociedad que ya no cree en sus autoridades.

La indignación crece porque mientras las cifras aumentan, las respuestas siguen siendo insuficientes. Las familias no solo enfrentan el dolor de la ausencia, también cargan con la indiferencia oficial, la lentitud en las investigaciones y, en muchos casos, la revictimización. Son ellas quienes salen a buscar, quienes exigen, quienes sostienen una lucha que debería encabezar el Estado.

Resulta inaceptable que en un contexto de violencia creciente no existan estrategias claras ni resultados contundentes. La impunidad alimenta estas desapariciones, enviando el mensaje de que en Oaxaca desaparecer a alguien no tiene consecuencias.

… A VUELO DE PÁJARO 

Al refrendar su compromiso de fomentar la inversión en la capital con transparencia y certeza para las vecinas y vecinos, el presidente municipal de Oaxaca de Juárez, Ray Chagoya e integrantes del Cabildo Municipal, recorrieron el proyecto “Parque Oaxaca”. Conocieron su alcance y se escucharon todas las voces.  Resaltó que el “Parque Oaxaca” es una oportunidad para detonar el empleo y fortalecer el desarrollo de nuestra ciudad con orden y responsabilidad. Este centro comercial tendrá una inversión de 6 mil millones de pesos por parte de Fibra Danhos que ya opera 21 inmuebles en el país, entre centros comerciales, oficinas y zonas industriales, por lo que el de Oaxaca aumentará su portafolio en el 2027, año en el que se prevé su inicio de operaciones. Se construye en un predio de 40 mil metros cuadrados, que albergó al Hotel Misión de los Ángeles.

Reclamo 

Defraudados de la Caja de Ahorro Corporativo Azteca, tomaron el Juzgado Mixto de Primera Instancia de San Pedro Pochutla para protestar por la presunta liberación de quien señalan como responsable de un fraude millonario que afectó a cientos de familias. Acusan que el juez mixto de Pochutla, Modesto Isaías Santiago Ramírez dictó auto de libertad en favor de Joaquín Cuauhtémoc Salazar Bautista, señalado como principal implicado en el fraude de la caja de ahorro, pues el imputado fue previamente sentenciado a 210 años de prisión por un juez anterior,  quien identifican como Juan León Montiel. Esta resolución afecta directamente a cerca de 300 personas, quienes desde hace años han exigido la recuperación de sus ahorros. Emplazan a Erika Rodríguez presidenta del Tribunal Superior de Justicia, revise su caso.  

Incertidumbre

La Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) advierte  

que la determinación realizada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), abandona el criterio fijado por su antecesora, avalando así el bloqueo de cuentas bancarias por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) sin una orden judicial previa. Con esta decisión, se establece un precedente delicado para el Estado de derechos, al permitir afectaciones directas al patrimonio de personas y empresas sin reglas plenamente definidas.

La resolución deriva de la Acción de Inconstitucionalidad 58/2022 y valida la reforma al artículo 116 Bis 2 de la Ley de Instituciones de Crédito.

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