Por Fernando Cruz López

 

La libertad de expresión es uno de los pilares fundamentales de cualquier democracia. Sin ella, el poder actúa sin contrapesos, la corrupción florece en la oscuridad y los ciudadanos pierden el derecho a conocer la verdad. En México, ese derecho está consagrado en los artículos 6° y 7° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que garantizan la libre manifestación de las ideas y la libertad de difundir información por cualquier medio.

 

Sin embargo, entre lo que establece la Constitución y lo que ocurre en la realidad existe una enorme distancia. Hoy, ejercer el periodismo en Oaxaca, se ha convertido en una profesión de alto riesgo. Informar, investigar y denunciar pueden costar el empleo, la tranquilidad, el patrimonio e incluso la vida.

 

México figura desde hace años entre los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo, incluso por encima de varias naciones inmersas en conflictos armados. Lo más grave es que la mayoría de las agresiones no ocurren en zonas de guerra, sino en ciudades y comunidades donde el Estado debería garantizar plenamente la seguridad de quienes ejercen la labor informativa. Para muestra solo recordemos el lamentable asesinato de nuestro compañero Alejandro aguilar leyva.

 

Quizá el problema más grave no sea únicamente la violencia, sino la impunidad.

Diversos organismos nacionales e internacionales han señalado que la inmensa mayoría de los asesinatos y agresiones contra periodistas permanecen sin sentencia. Cuando un crimen no se castiga, el mensaje para los agresores es alentador, pues matar a un periodista prácticamente no tiene consecuencias.

 

Esta impunidad alimenta un círculo perverso. Cada asesinato no resuelto genera nuevos ataques, más intimidación y mayor silencio.

 

Mientras no exista justicia pronta y efectiva, cualquier mecanismo de protección será insuficiente.

 

Con frecuencia se piensa que la libertad de expresión pertenece exclusivamente a los periodistas. Es un error.

La libertad de expresión protege, sobre todo, el derecho de los ciudadanos a recibir información plural, crítica y veraz.

 

Cuando asesinan a un periodista no sólo silencian una voz; silencian el derecho de toda una comunidad a conocer aquello que algunos desean ocultar.

 

Cada investigación cancelada por amenazas representa un acto de censura contra millones de mexicanos.

Por ello, defender a los periodistas no significa defender privilegios profesionales. Significa defender uno de los derechos humanos más importantes de cualquier sociedad democrática.

  

No basta con entregar botones de pánico o escoltas. La verdadera protección comienza cuando el Estado investiga, procesa y sanciona a los responsables.

 

Cada periodista silenciado representa una verdad que quizá nunca conoceremos.

Mientras informar siga siendo una actividad de alto riesgo, la democracia mexicana continuará teniendo una deuda pendiente con quienes, todos los días, arriesgamos lu vida para que la sociedad conozca la verdad…Sigame en X como @Visionpolitica7