Rumbo a las elecciones de 2027, el desencanto oaxaqueño actual no es una simple apatía electoral; es una postura crítica frente a una clase política que ha sido incapaz de traducir la estabilidad política o el auge turístico en un bienestar social equitativo, sostenible y ético para la mayoría de la población. No es un fenómeno aislado, sino el resultado de una acumulación de promesas incumplidas, crisis estructurales y una desconexión percibida entre las prioridades de los gobernantes y las necesidades urgentes de la población.

Uno de los detonantes más claros del descontento es la incapacidad para resolver problemas cotidianos que afectan la calidad de vida. La aguda sequía y el desabasto de agua potable en la capital y zonas conurbadas, sumados a la histórica crisis en la gestión de residuos sólidos -problema de la basura-, han dejado la sensación de que las autoridades reaccionan tarde y sin planes de fondo. 

Existe una profunda frustración por la narrativa oficial que promueve un Oaxaca próspero y de moda a nivel internacional -basado en la gentrificación de Oaxaca de Juárez, el turismo masivo y las grandes inversiones-, mientras que los indicadores de déficit educativo, pobreza extrema y falta de oportunidades en las regiones del interior permanecen casi estancados. 

A pesar de las promesas de cambio de régimen y de la llegada de nuevas fuerzas políticas bajo discursos de austeridad y combate a la corrupción, gran parte de la población percibe que los vicios de fondo no han desaparecido. Persisten vicios como los políticos que saltan de un partido a otro para mantener el poder, el uso clientelar de los programas sociales, la opacidad en la asignación de obras públicas, la simulación en procesos de participación ciudadana como las consultas o la revocación de mandato.

Estos factores refuerzan la idea de que la clase política, sin importar el color del partido, opera bajo una lógica de beneficio propio y de grupo, alejándose de los principios éticos y de la verdadera rendición de cuentas.

… A VUELO DE PÁJARO 

La exigencia de la Iniciativa Privada en Oaxaca hacia la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) que maneja Bernardo Rodrígue Alamilla es un reflejo directo del desgaste y el desencanto con las instituciones públicas. Para el sector empresarial la falta de una procuración de justicia eficiente no es solo un debate político; es un factor de riesgo que frena las inversiones, eleva los costos de operación y vulnera la seguridad del patrimonio y del personal. Para los empresarios, los robos en carreteras, los asaltos a mano armada a comercios locales y, de manera cada vez más preocupante, la extorsión y el cobro de piso en regiones clave como el Istmo, la Costa y los Valles Centrales, requieren una respuesta contundente.

Beneficios 

Fructificó la presión de quienes integran el nivel de educación física de la Sección 22 de la CNTE, pues el Gobierno del Estado iniciará la rehabilitación integral de edificio que ocupa la Dirección de Educación Física, tanto las áreas administrativas, el módulo de bodega, como los sanitarios y el gimnasio. Además 

entregó los 302 expedientes para su validación y procesamiento para garantizar el recurso prometido para igual número de ascensos. Levantaron su plantón pero el foco del debate y los cuestionamientos giran en torno a una combinación de errores administrativos, la disputa por millonarios fondos federales que maneja su dirigencia sindical y no informa a la bases, la validez de los paros de labores frente al derecho a la educación de los alumnos.

Normalistas 

Integrantes de la Coordinadora Estudiantil de Normalistas del Estado de Oaxaca (CENEO) marcharon en apoyo y respaldo a estudiantes del Centro Regional de Educación Normal de Río Grande, que acusan fueron presuntamente reprimidos por personal de la Secretaría de Marina. Tras pintarrajear muros de Palacio de Gobierno, informaron que estudiantes de la Escuela Normal Rural Vanguardia de Río Grande, ubicada en la región de la Costa, fueron agredidos tras la irrupción ilegal y actos de intimidación por parte de marinos dentro de sus instalaciones. Acusaron que las fuerzas federales ingresaron al plantel durante la noche sin ninguna orden legal ni justificación, vulnerando el espacio escolar Los alumnos denunciaron de manera pública que los marinos realizaron acciones de intimidación física y psicológica, incluyendo presuntos cortes de cartucho y amenazas directas.

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