La demanda de negociaciones transparentes y públicas con la Sección 22 de la CNTE toca uno de los puntos más sensibles de la relación histórica entre el gobierno y el magisterio en Oaxaca. Durante décadas, los acuerdos que definen el rumbo de la educación y el uso de los recursos públicos en el estado se han tomado detrás de puertas cerradas, en las llamadas “mesas de negociación” o “mesas políticas”.
Hoy en día, la exigencia de que estos encuentros dejen de ser privados y se abran al escrutinio ciudadano responde a una necesidad profunda de rendición de cuentas. Y el gobierno que encabeza Salomón Jara Cruz tiene la gran oportunidad de romper con décadas de simulación y opacidad que ha ido desde hace mucho la demanda de diversos sectores de la sociedad oaxaqueña, padres de familia, académicos y empresarios.
Históricamente, las mesas de negociación no solo discuten temas de justicia laboral para los docentes; también involucran asignación de plazas automáticas. Presupuestos millonarios para bonos y apoyos sindicales. Control de mandos medios dentro del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO y condiciones políticas que impactan la gobernabilidad del estado. Al hacer el proceso transparente, la ciudadanía puede vigilar qué se está cediendo y qué se está exigiendo, evitando que los derechos de los estudiantes sean utilizados como moneda de cambio político.
Los bloqueos a plazas comerciales, los paros de labores y el cierre de vialidades afectan directamente la vida cotidiana de miles de familias. Los sectores que exigen parlamento abierto argumentan que, al ser los ciudadanos los principales afectados por las movilizaciones, tienen el derecho legítimo de conocer los argumentos de ambas partes en tiempo real. Saber con claridad qué pide el sindicato y qué está ofreciendo o respondiendo el gobierno permite evaluar de manera justa el conflicto.
Una mesa pública obligaría a ambas partes a elevar el nivel del debate, mientras al Gobierno del Estado lo compromete a sostener posturas firmes y apegadas a la legalidad y al presupuesto real, impidiendo que prometa soluciones inviables solo para levantar un bloqueo de manera momentánea, a la dirigencia de la Sección 22 la obliga a legitimar sus demandas ante la sociedad, demostrando con datos técnicos y argumentos educativos que sus peticiones buscan la mejora de las escuelas y no únicamente el beneficio de la estructura sindical.
… A VUELO DE PÁARO
La recomendación desde Palacio de Gobierno a quienes pretendan ser candidatos a cargos de representación popular es que caminen… y que renuncien a su cargos en el Gobierno de Estado. Hoy figuran Laura Estrada Mauro, exsecretaria de Bienestar, Tequio e Inclusión. Formó parte de la primera ola de salidas del gabinete legal con la intención de competir por espacios en el Senado y el Congreso de la Unión Delfina Guzmán Díaz: Quien inicialmente fuera la titular de la Secretaría de Educación Pública de Oaxaca, dejó el gabinete legal y fue reubicada en la dirección general del Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca (Cobao). Elisa Zepeda Lagunas: exsecretaria de las Mujeres, cuyo perfil ha sido impulsado fuertemente para buscar representaciones legislativas y Saymi Pineda actual secretaria de Turismo.
Universidad
Mientras Farid Acevedo López, rector de la UABJO, participó en la LXV Sesión Ordinaria de la ANUIES, la comunidad universitaria cumple una nueva semana sin clases debido a la toma de rectoría. Las afectaciones van mucho más allá de un calendario escolar retrasado; se fractura la continuidad académica de miles de estudiantes de bachillerato, licenciatura y posgrado que dependen de la institución para su desarrollo profesional. Para muchos estudiantes, especialmente aquellos que viajan desde las distintas regiones del estado con un presupuesto limitado para pagar renta y manutención en la capital, la incertidumbre se traduce directamente en deserción escolar.
Daños
Las huestes de la Sección 22 de la CNTE acordonaron entre otras, Plaza del Valle, Plaza Oaxaca, Macroplaza, Plaza Bella, Home Depot o Sam’s Club, cuyo cierre cierre masivo generó pérdidas comerciales directas que van desde los miles hasta los millones de pesos, considerando que se frena el consumo de alimentos, ropa, servicios y tecnología. Aunque las protestas suelen argumentarse como un golpe a las corporaciones trasnacionales, las consecuencias reales las absorben los trabajadores locales y los pequeños emprendedores. Empleados de restaurantes, cines, tiendas departamentales y personal de limpieza ven reducidos drásticamente sus ingresos del día y el sector restaurantero y de alimentos frescos sufre mermas directas al no poder dar salida a los insumos del día.
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