La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) enfrenta una compleja red de desafíos institucionales, sociales y geográficos, pues nuestro estado ha mantenido cifras alarmantes en violencia feminicida en los últimos años, impunidad en delitos de género, y enfrenta el reto de garantizar la aplicación estricta del protocolo de feminicidio desde el primer momento de la investigación y mejorar la atención en las vicefiscalías regionales para evitar la revictimización.
La desconfianza ciudadana en la Fiscalía es uno de los obstáculos más persistentes para la procuración de justicia en la entidad. No se trata únicamente de una percepción abstracta, sino de un fenómeno respaldado por indicadores oficiales que alimentan un círculo vicioso: la falta de confianza inhibe la denuncia, lo que eleva la impunidad y, a su vez, profundiza el escepticismo de la población.
Esta crisis de confianza obliga a la Fiscalía a implementar estrategias de contención penal muy focalizadas e intervenciones directas como los recientes despliegues territoriales en zonas de alta incidencia como el Istmo. Sin embargo, el verdadero reto a largo plazo reside en humanizar el servicio y demostrar efectividad científica para que la ciudadanía vuelva a ver al Ministerio Público como un aliado y no como un obstáculo.
La manifestación más clara de la desconfianza es la decisión de los ciudadanos de no acudir a las autoridades cuando son víctimas de un delito. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) del INEGI, la cifra negra en Oaxaca supera el 95% (delitos que no se denuncian o no derivan en una carpeta de investigación).
Los ciudadanos señalan de manera recurrente dos razones principales para no denunciar: la pérdida de tiempo -procesos burocráticos y largas filas- y la desconfianza intrínseca en la autoridad, al asumir que la denuncia “no servirá de nada”.
… A VUELO DE PÁJARO
A través del programa “Justicia más cerca de ti”, estrategia encabezada por la magistrada presidenta Erika María Rodríguez Rodríguez, el Poder Judicial de Oaxaca, escuchó a habitantes de la región Mixteca sobre sus inquietudes relacionadas con violencia familiar, conflictos agrarios, despojos, robos y demandas por pensión alimenticia, problemáticas que afectan principalmente a mujeres, niñas y niños. Durante el encuentro, la titular dijo que el objetivo es transformar la manera en que opera la justicia de Oaxaca, dejando a un lado modelos burocráticos y distantes para construir una institución más cercana.
Explicó que este modelo de justicia itinerante pretende generar diálogo directo con la ciudadanía y abrir espacios donde las personas puedan expresar inconformidades y necesidades relacionadas con procesos legales y acceso a derechos.
Acoso
Ante la falta de acciones firmes y contundentes para evitar y castigar el acoso sexual, alumnas del COBAO plantel 08 de Huajuapan de León evidenciaron el fracaso de la política de cero acoso a través de un “tendedero” donde exhibieron leyendas. “El silencio de las autoridades es complicidad. Queremos justicia, no excusas”; “La escuela los protege a ellos. ¿Quién me protege a mí?”. Un reto para Delfina Guzmán Díaz que lleva aproximadamente cinco meses al frente de esa institución.
Abandono
Un adolescente reportado como desaparecido desde el pasado 21 de mayo, fue localizado sin vida en inmediaciones de la agencia La Junta, lo que ha conmocionado a familias y habitantes de Huajuapan de León, en la región Mixteca. Aunque la problemática impacta a todo el estado, la distribución porcentual de los reportes recientes identifica tres regiones prioritarias donde la violencia criminal, la falta de seguridad y las dinámicas de tránsito agravan la situación
Confianza
El INEGI da a conocer los resultados de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2025. En 2025, 47.2 % de las personas de 18 años y más de zonas urbanas dijo estar satisfecha con los servicios públicos básicos y bajo demanda. Entre 2023 y 2025, los trámites por internet aumentaron 5.5 puntos porcentuales y representaron 21.7 % del total. Las instituciones que generaron más confianza fueron las universidades públicas, con un nivel de 75.9 %; las que menos fueron los partidos políticos, con 23.9 por ciento. 84.1 % consideró frecuente la corrupción, mientras que 15.6 % reportó haberla experimentado al realizar trámites, efectuar pagos, solicitar servicios públicos o tener contacto con autoridades.
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