Las policías municipales presentan deficiencias como falta de documentación de sus actividades, ausencia de criterios científicos y técnicos en la toma de decisiones; los procesos disciplinarios a su interior son sumamente discrecionales, no cuentan con mecanismos de supervisión externa, entre otras carencias.

Ante las actuales condiciones es necesario atender y resolver estos retos.

Hay una tendencia a integrar como mandos a personas que no tienen la capacitación ni experiencia en materia policial, ya sean exmilitares e incluso a militares en activo o perfiles civiles. Y en un tema preocupante la poca inversión en materia de mejora salarial, prestaciones sociales y certeza jurídica para los integrantes de las instituciones policiales locales.

En el caso específico de los operativos de alcoholímetro que han efectuado las policías municipales, si bien han arrojado resultados positivos para prevenir y salvaguardar la integridad de los conductores y transeúntes, también lo es que han servido para cometer actos al margen de ley. Poco a poco se van denunciando públicamente una serie de actos de corrupción que se registran a la hora de realizar una puesta a disposición, además de una serie de cuotas solicitadas y que ha sido calificada como una red de corrupción que se enmarca en los operativos de alcoholímetro de las autoridades municipales.

Por ello, ante las alarmantes actuaciones de abusos policiales, actos de tortura y ejecuciones arbitrarias, situaciones que constituyen graves violaciones a los derechos humanos en Santa Lucía del Camino y otros municipios conurbados de Oaxaca de Juárez, los organismos de derechos humanos que integran la Plataforma de Derechos Humanos Oaxaca, manifestaron su más profunda preocupación y enérgica condena ante los recientes hechos de violencia y abuso de poder perpetrados por elementos de las fuerzas policiales en Santa Lucía del Camino.

Establecieron que la policía, como garante del orden y la seguridad, tiene la obligación de actuar en estricto apego a la ley y los principios de proporcionalidad, necesidad y humanidad en el uso de la fuerza. Sin embargo, los acontecimientos recientes indican un preocupante alejamiento de estos principios, resultando en un clima de temor e impunidad en la zona. Exigen investigación exhaustiva y sanción a los responsables; protección de las víctimas y testigos. Y revisión de protocolos y prácticas policiales para garantizar que estos estén alineados con los principios de derechos humanos y evitar que hechos como estos se repitan en el futuro.

Con la exigencia de castigar a los responsables de la agresión que sufrió Diego Ignacio Paz, sus padres, familiares, madres de familia, estudiantes y amigos marcharon de Santa Lucía del Camino a Palacio de Gobierno. Con gritos y pancartas reclaman castigo para los elementos policiacos y sus superiores, ante el riesgo de que el abuso de autoridad en este municipio quede en la impunidad. Anunciaron que acudirán al Congreso del Estado para demandar la desaparición de poderes.

En ánimo de resolver el conflicto interno que se vive en la escuela urbana “Abraham Castellanos”, Emilio Montero Pérez, titular del IEEPO, confirmó que  apoyarán la conclusión de las obras no por la presión de los padres de familias y maestros, sino por la dignidad de los niños y niñas que no tienen clases, además,

el edificio es un inmueble catalogado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH). Sobre el conflicto originado por el manejo de recursos, dijo que  es interno y no le compete ni al Instituto ni al Estado resolverlo.

A través de una circular firmada por el subdirector médico del Hospital Civil “Aurelio Valdivieso”, Ismael Antonio García, fechada el 2 de septiembre de 2024 y enviada a los jefes de división y de servicios médicos, se confirma: “en relación a la problemática que se viene suscitando con el equipo de autoclave, se les hace de su conocimiento que a partir de la fecha y hasta nuevo aviso, se suspenden todas las cirugías programadas”.

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