Debido a la creciente contaminación de los ríos Atoyac y Salado, su saneamiento no admite demora, de ahí que exista el compromiso del Gobierno del Estado y 50 autoridades municipales y representantes agrarios, para recuperar estos afluentes que tienen un gran significado.

La estrategia planeada involucra cuestiones de medio ambiente, salud y abasto de agua, así como el desarrollo integral de las comunidades, promoviendo el desazolve del río Atoyac para su recuperación y un Convenio marco que firmarán 13 municipalidades de la Zona Metropolitana, confirmó el gobernador Salomón Jara Cruz.

El río Atoyac, uno de los más importantes de Oaxaca, enfrenta una grave crisis ambiental debido a la contaminación acumulada a lo largo de décadas. Atraviesa diversas comunidades y forma parte del sustento hídrico de la región, ha sido impactado por vertidos de aguas residuales, desechos industriales, basura doméstica y prácticas agrícolas no sostenibles.

Entre las principales fuentes de contaminación se encuentran las descargas de aguas negras sin tratamiento adecuado provenientes de viviendas y empresas. La ausencia de plantas de tratamiento funcionales en muchos municipios agrava la situación, lo que provoca que toneladas de contaminantes lleguen directamente al cauce del río. Empresas establecidas en las cercanías vierten desechos que ponen  en peligro no solo la biodiversidad del río, sino también la salud de las personas que dependen de él.

Recibe desechos sólidos como plásticos, llantas y materiales de construcción, que no solo afectan su apariencia, sino que también bloquean el flujo del agua, generando estancamientos que propician la proliferación de enfermedades. El uso excesivo de fertilizantes y pesticidas en las actividades agrícolas cercanas incrementa la concentración de sustancias tóxicas en el agua, afectando la flora y fauna del ecosistema.

A pesar de que existen leyes y normativas para proteger los cuerpos de agua, su aplicación ha sido deficiente, y la falta de coordinación entre los gobiernos estatal y municipal, junto con la poca participación de la sociedad, ha dificultado la implementación de soluciones efectivas.

Habitantes de Lomas del Crestón y del ejido Guadalupe Victoria rechazaron la digitalización gráfica de un decreto y acusaron que esta medida los restringe de diversos derechos como pobladores, pues se pretende que la parte alta de esa zona sea un área de reserva, cuando aseguran que ellos son los propietarios de los terrenos. El Gobierno del Estado presentó la rectificación y digitalización de la superficie que integra el Polígono de la Zona de Reserva Ecológica y Área Natural Protegida en el Cerro del Crestón, decretada en 1992.

Ante la agitada situación que se vive en la zona de los Chimalapas sus habitantes insisten en que se atiendan sus reclamos de seguridad, medio ambiente, límites territoriales, entre otros temas, y se defina su situación limítrofe ante el Tribunal Unitario Agrario. Si bien se han realizado reuniones en la Mesa de Inteligencia Agraria en la Ciudad de México con representantes de la Secretaría de Gobernación, poco o nada se ha logrado para avanzar en una solución definitiva. Este conflicto abarca más de 160,000 hectáreas en disputa y se agravó con problemas como la tala ilegal y la expansión ganadera.

Seria y contundente acusación del gobernador Salomón Jara Cruz en contra del jefe de la policía de la ciudad de Oaxaca de Juárez de tener nexos y complicidad con células criminales. Exige se le investigue y cese de su mando pues a diferencia de los resultados de combate al crimen del Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública, la capital del estado tiene alza en delitos como asalto a mano armada, a transeúntes, en sustracción de celulares, joyas y carteras. Además, ha habido repunte en narcomenudeo, robo de vehículos y autopartes, y se tiene como zona con la mayor incidencia de delitos la del mercado de abasto, donde  operan 26 grupos delictivos.

Dos representantes populares bajo los reflectores por su tráfico de influencias.

La diputada federal del Partido del Trabajo, Margarita García García que consiguió bases a sus hijos. Y la senadora morenista Laura Estrada Mauro, a quien los propios trabajadores al servicio del Estado exigen investigar a fondo pues es impresionante la lista de beneficiarios que ha protegido.

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