Los Servicios de Salud en Oaxaca son gratuitas, a ninguna persona se le debe cobrar la atención en los hospitales públicos y quienes no acaten la disposición serán sancionados, anunció el gobernador Salomón Jara Cruz. La decisión beneficia a todos los oaxaqueños de las diferentes regiones para garantizar la atención de salud en todas las comunidades, incluidas las más rezagadas y marginadas del estado.

Con el argumento de que la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos marca que el derecho de salud debe ser gratuita, la decisión busca hacer realidad tal atención donde la participación y colaboración de todos los involucrados será fundamental para alcanzar tales objetivos.

Los servicios de salud son fundamentales para la sociedad y la economía, y la salud se ha reconocido como un derecho humano fundamental básico para proteger la salud y seguridad de la población. Sin embargo, nuestro país y en especial Oaxaca enfrenta múltiples desafíos en este ámbito y garantizar servicios de salud gratuitos es posiblemente el más importante y también el más complejo. La gratuidad de los servicios de salud no es sólo una postura o una recomendación política, sino una obligación moral y social, indispensable para abordar la desigualdad social y económica, mejorar la salud pública y fomentar una sociedad robusta y productiva. Representa un pilar en la construcción de una sociedad más justa y equitativa.

Hoy se reconoce que la marcha hacia el acceso universal y gratuito al cuidado de la salud es un tema que trasciende las esferas políticas e ideológicas, una manifestación de la aspiración colectiva de los ciudadanos y las ciudadanas que buscan una garantía de igualdad en el acceso a servicios de salud de calidad. A no dudar, la salud como un derecho fundamental que debe estar al alcance de todos y todas, sin distinción de su posición económica o social.

La decisión del comisariado ejidal de la agencia Donají, Juan Luría Anaya, de terminar el convenio con el IEEPO para utilizar las instalaciones del Centro de Atención Múltiple (CAM) que afecta a más de 42 alumnos con discapacidad, el gobernador Salomón Jara Cruz confió que a través del diálogo entre la Secretaría de Gobierno con el comisariado ejidal se puedan conciliar diferencias y permitir que los infantes puedan iniciar el ciclo escolar. El titular de la dependencia, Jesús Romero López calificó de arbitraria la decisión de las ejidatarios y advirtió que se han violentado los derechos humanos. “Se está metiendo en un problema legal esta persona”, señaló.

Al menos 14 conflictos religiosos se han presentado en lo que va de la administración estatal, sobre todo en las regiones de la Cuenca del Papaloapam, Sierra Norte y Costa. A pesar de los avances en materia de derechos humanos en nuestro país, el fenómeno de intolerancia religiosa va en aumento y cobra vidas, principalmente en zonas rurales e indígenas. La libertad religiosa es un derecho fundamental que se refiere a la opción de cada ser humano de elegir libremente su religión, de no elegir ninguna, o de no creer o validar la existencia de un Dios y ejercer dicha creencia públicamente, sin ser víctima de opresión, discriminación o intento de cambiarla a la fuerza. Una delicada situación que urge atender antes de que se desborde.

Los trabajadores del Poder Judicial de la Federación iniciaron un paro indefinido de labores como respuesta a la Reforma Judicial propuesta por el Ejecutivo Federal. Este paro, que abarca todo el país, es un acto de protesta en defensa de la independencia judicial y de los derechos laborales de la base trabajadora. A través de un comunicado denunciaron que la reforma no solo busca someter al Poder Judicial, sino que también atenta contra la carrera judicial de oficiales, actuarios y secretarios, eliminando de facto el sistema de méritos que actualmente permite el acceso a cargos dentro de la judicatura federal.

México requiere un Congreso que represente la pluralidad y riqueza del país, estableció el Consejo Mexicano de Negocios al llamar al Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) a realizar la asignación de las diputaciones plurinominales mediante una interpretación sensata, justa, equilibrada y apegada a la Constitución y a la voluntad del pueblo mexicano. Una representación desproporcionada podría distorsionar el debate público y perjudicar la toma de decisiones democráticas, en la que las minorías sean representadas y escuchadas.

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