La reforma judicial en México plantea varios retos, entre ellos: participación ciudadana, la organización del proceso electoral, y el desarrollo de la logística son aspectos que plantean desafíos en el ámbito electoral local. En ese escenario la posibilidad de elegir jueces y magistrados de manera popular podría comprometer la independencia judicial, un pilar fundamental de la democracia. 
La aprobación de la reforma podría enviar una señal preocupante sobre la fragilidad institucional de México. La reforma judicial busca mejorar la calidad de los servicios jurídicos y reformar el sistema de impartición de justicia. Entre los puntos de la reforma se encuentra la elección de las y los ministros, magistrados y jueces mediante voto universal, directo y secreto.

En términos amplios, la actuación del Poder Judicial está especificada tanto por la normatividad que le señalan sus potestades constitucionales, como por las leyes orgánicas que determinan sus competencias. Así como por normatividad que le señalan el cumplimiento de otros marcos de acción, como la transparencia y la rendición de cuentas.

A no dudar, se avecina un periodo de incertidumbre y de desafíos que pondrán a prueba la capacidad de las instituciones para adaptarse a estos cambios sin precedentes. La falta de un periodo de transición, la posible renuncia masiva de personas juzgadoras, la falta de leyes reglamentarias y los riesgos asociados con la elección de jueces, magistrados y ministros por medio de un sistema electoral complejo y poco transparente son solo algunos de los retos que enfrentará el país en los próximos meses.

La reciente aprobación y publicación de la reforma judicial en el Diario Oficial representa el inicio de una fase crítica para el sistema legal y democrático de México. Su implementación y los retos legales que la acompañan plantean desafíos importantes, sobre todo en cuanto a los riesgos de debilitar la independencia judicial.

Lo que se temía se hizo realidad pues un mes después de su desaparición de la activista, Sandra Domínguez Martínez, el Fiscal General de Oaxaca, Bernardo Rodriguez Alamilla reconoció que aún no hay rastro de su paradero. Las investigaciones de búsqueda continúan y un equipo especial de búsqueda fue enviado en la zona limítrofe de Veracruz y Oaxaca para tratar de obtener nuevos resultados, pues siguen abiertas las investigaciones sobre la actividad que realizaba la activista, así como la de su esposo Alexander Hernández.

Se anunció con bombo y platillo la construcción de la denominada  “Ciudad de los Deportes”, la cual albergará el nuevo estadio de béisbol de Los Guerreros de Oaxaca, con un aforo de 8 mil personas y que sustituirá al histórico Eduardo Vasconcelos. El proyecto impulsado por el financiero Alfredo Harp Helú  se unirá al Polideportivo Venustiano Carranza y contará con un museo del equipo de béisbol en el marco de sus tres décadas de existencia. En la colocación de la primera piedra asistieron el gobernador Salomón Jara, la presidenta de la Fundación Alfredo Harp Helú, María Isabel Grañén Porrúa, y el rector de la UABJO, Cristian Eder Carreño López.

Urge que se resuelva de una vez por todas la demanda del personal del Hospital Civil “Dr. Aurelio Valdivieso”, pues tan pronto inició la semana y se inmediato volvieron a bloquear la calzada Porfirio Díaz y prolongación de Naranjos, además de retener un autobús del transporte público para bloquear la calle José López Alavés. Exigen el pago de un bono en efectivo y atención a otras demandas. La dirigente Patricia Méndez Jiménez, secretaria General de la subsección 07 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaria de Salud, dijo que no han respondido a sus demandas, como tampoco el cumplimiento de una minuta firmada hace meses anteriores.

Debido a que el Instituto Nacional Electoral (INE), propone destinar 15 mil 295.8 millones de pesos para las actividades ordinarias y sus proyectos especiales como presupuesto precautorio para la consulta popular. solicitará cuatro mil 620 millones de pesos y para la organización de las elecciones del Poder Judicial, 13 mil 205 millones de pesos.   A esto se suman siete mil 354 millones de pesos de solicitud para el financiamiento a los partidos políticos el próximo año, aprobados en sesión del Consejo General. Ante tal escenario la presidenta Claudia Sheinbaum expresó su desacuerdo con las estimaciones del órgano electoral para solicitar más de 13 mil millones de pesos y financiar la elección judicial.

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