Los esfuerzos  por pacificar la región triqui y alcanzar una convivencia armónica no ha logrado fructificar debido a que persisten las agresiones y las acusaciones mutuas entre los integrantes del Movimiento Unificador de Lucha Triqui (MULT) y el Movimiento de Lucha Triqui Independiente (MULTI). En ánimo de lograr la reconciliación en 2022 ambas organizaciones firmaron un pacto de no agresión y retorno pacífico de los desplazados de Tierra Blanca Copala.

Entre los integrantes de las negociaciones estuvieron autoridades de los tres niveles de gobierno, ONG´s y el subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Población, Alejandro Encinas.

El año pasado ya con la incorporación de la Unión de Bienestar Social de la Región Triqui (Ubisort) se pregonó la necesidad de que los actores e instituciones se involucren por completo para llegar a la paz, ya que en la práctica es fundamental cumplir con los compromisos firmados. Y se admitió que si no hay perdón en la región Triqui, se podrán seguir suscribiendo más acuerdos, pero no se logrará la conciliación genuina como tampoco llegará a la paz.

Al paso del tiempo tales intentos han sido infructuosos ya que se siguen registrando hechos de sangre, no se han retomado los acuerdos y tampoco se ha logrado el retorno a Tierra Blanca. Confirmando en los hechos la “cultura de la venganza” y disputa interna que ha mantenido durante décadas.

Si en verdad se desea avanzar debe existir voluntad de las organizaciones participantes en el proceso de construcción colectiva de la paz y de todas las personas involucradas en la problemática. Voluntad y disposición de todas las partes para obtener resultados, pues de lo contrario todo seguirá igual.

A pesar de que hay celeridad en la destitución de funcionarios y detención de presuntos policías municipales de Santa Lucía del Camino por el asesinato de Diego Ignacio Paz, persisten los reclamos y exigencias para que el manto de impunidad no proteja a otros mas que aseguran están involucrados en el suceso. Familiares y amigos del estudiante de la Universidad Anáhuac exigen llamar a cuentas a la comandante Gilda, a quien acusaron de ser una de las responsables de agredir al joven el pasado 31 de agosto. Esta semana se anuncian nuevas manifestaciones para reclamar atención.

Quienes se encuentran en serios predicamentos son el presidente municipal de Santa Cruz Amilpas, Christian Baruch Castellanos Rodríguez, y el tesorero de ese ayuntamiento, Cristino Sánchez Rojas, por negarse a devolver cobros ilegales en operativos viales. El Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Distrito del Poder Judicial de la Federación inició un proceso de inejecución de sentencia que podría dar paso a sus destituciones. El denunciante es Ángel Reynaldo Cruz Reyes al asegurar que se han negado a devolverle una multa de 27 mil 500 pesos que le “fue cobrada a un ciudadano de manera ilegal a través de la Policía Municipal, con el argumento de haberse estacionado mal en la vía pública”.

En el Congreso de Oaxaca se disponen a acatar la decisión de que la próxima titular de la Fiscalía Anticorrupción sea Karina Reyes Ávila y a dar las gracias por participar a Mitzi Samary León Gómez y Estefanía González Ramos. Entre los diputados locales la versión es que los dados estafan cargados y la terna enviada solo es de mero trámites a las Comisiones Permanentes Unidas de Administración y Procuración de Justicia; y de Vigilancia del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción, para la continuidad del proceso de elección. Es abogada afromexicana, originaria de San José Estancia Grande.

«La necesidad de justicia es una de las grandes demandas sociales. No cabe duda: es necesaria y prioritaria una reforma judicial, es un tema urgente de atender, pero siempre con escucha y diálogo», planteó la Arquidiócesis de México al criticar que legisladores de Morena y aliados realizan con «prisa» la reforma judicial que la semana pasada fue aprobada en Cámara de Diputados, y que se prevé en estos días pase lo mismo en el Senado. A través del semanario Desde la Fe, la Iglesia católica aseguró que el debate y trámite del dictamen se ha realizado sin diálogo, sin calma, y también sin atender la diversidad de criterios.

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