Luego de que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE)  emitió la declaratoria del inicio del Proceso Electoral Extraordinario 2024-2025, en el que se elegirán los cargos de Ministras y Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), las Magistraturas de las Salas Superior y Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), las personas integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial y Magistraturas de Circuito y Personas Juzgadoras de Distrito, así como de su etapa de preparación, el acuerdo contempla que se ratifique en su cargo a las consejeras y los consejeros electorales propietarios y suplentes de los Consejos Locales del INE, a fin de que éstos queden instalados para la elección de diversos cargos a más tardar el 16 de noviembre de 2024.

El Pleno aprobó instruir a la Junta General Ejecutiva del INE la elaboración del Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral Extraordinario 2024-2025, para la elección de diversos cargos del PJF y las actividades correspondientes para la modificación del presupuesto para el ejercicio 2024 y la elaboración del Proyecto de Presupuesto para el 2025, para este proceso electoral.

Las primeras interrogantes son: con qué presupuesto podrá el Instituto realizar estas elecciones, con todas las medidas que otorgan seguridad y certeza al proceso electoral. La calidad del proceso electoral y el grado de eficiencia del Instituto, ademas del reto que significa el compromiso del personal del servicio profesional de carrera y todas las personas que contribuyen en la organización de las elecciones. A no dudar, una tarea titánica que va a reclamar del compromiso de los involucrados.

Al  concluir los conversatorios sobre la autonomía y libre determinación en municipios que se rigen electoralmente por Sistemas Normativos Indígenas, en conmemoración del reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas,la Consejera Presidenta del IEEPCO, Elizabeth Sánchez González, destacó la importancia de escuchar experiencias en torno al ejercicio de los derechos colectivos comunitarios en el ámbito municipal de diferentes estados del país, en lo relacionado con el ejercicio de autogobiernos comunitarios y el ejercicio o administración directa de recursos. Se admitió que aún se conocen casos de discriminación por parte de las cabeceras municipales, pero que se han conseguido resolver con el acompañamiento de las autoridades electorales y se han determinado mecanismos eficientes de distribución de los recursos.

Con la entrega de 31 ambulancias para unidades hospitalarias del estado, así como 500 apoyos funcionales, con una inversión total de más de 56 millones de pesos, se busca  ampliar la cobertura de los servicios de traslado para las comunidades que más lo requieren y hacer más eficiente la capacidad de respuesta ante las emergencias de salud que se enfrentan en el medio rural. El gobernador Salomón Jara Cruz destacó que con la donación de equipos funcionales se contribuye a mejorar la calidad de vida y resguardar los derechos de las personas que tienen una discapacidad. Reconoció el apoyo que brinda la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública Nacional a favor de las familias oaxaqueñas, toda vez que esta flota de ambulancias se entregará a centros de salud de servicios ampliados, hospitales generales, comunitarios y centros de salud de las ocho regiones.

El paso del huracán John por territorio oaxaqueño provocó al menos nueve comunidades incomunicadas debido a la crecida de ríos y afectaciones en carreteras y caminos por las lluvias, entre ellos, los municipio de Pinotepa Nacional, Jamiltepec, Tututepec y Santiago Tapextla. Suman al menos 800 personas incomunicadas, derivado principalmente a caídas de árboles, inundaciones y afectaciones en los tramos carreteros. Ante tales condiciones realizan operativos para llevar los apoyos a estas personas y que no se queden sin la atención correspondiente.

      Los senadores de Morena y aliados aprobaron, en lo general y particular, con 86 votos a favor y 42 en contra, la reforma que envía a la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Ya fue aprobada en congresos locales y se espera que otros más la avalen para que pueda entrar en vigor.

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