A pocos días de que se celebren las elecciones al interior del Sindicato de Trabajadores de los Poderes del Estado e Instituciones Descentralizadas de Carácter Estatal de Oaxaca, (STPEIDCEO), el Gobierno de Oaxaca planteó una nueva relación sustentada en el respeto, sin intromisión ni injerencia en la vida interna sindical, con total transparencia, donde se erradiquen de tajo prácticas de corrupción como la venta de plazas, entrega de premios, concesión de licencias, que durante varios sexenios se han tolerado y alentado.

Ante la necesidad de terminar con vicios tan arraigados en la relación laboral, el compromiso es romper con esta cadena, y si bien habrá respeto al contrato colectivo al que tienen derecho los trabajadores, ya no será bajo estas condiciones donde los delegados se sienten dueños de las diferentes dependencias, donde los burócratas toman las oficinas para hacer presión.

Ya se anunció que un primer paso es evitar la venta de plazas que se ha convertido en una práctica cotidiana donde muchos trabajadores han hecho grandes negocios y que ante la indiferencia d las propias autoridades se ha permitido. Basta solo recordar que al inicio del sexenio se confirmó la venta de más de mil 356 plazas laborales del Gobierno del Estado que fueron “ofertadas” de manera irregular en 500 y 700 mil pesos cada una.

De acuerdo con la Secretaría de Administración de Oaxaca, del 2017 al 2022 se entregaron mil 571 plazas de trabajo, de los cuales 256 fueron de manera regular, es decir, de convenio con el sindicato de burócratas, pero el resto fueron vendidas. Un aspecto que revela las condiciones en que se han desarrollado las relaciones del sindicato con la parte patronal, y que ahora se anuncia cambiara.

Inició el tercer año de gestión del gobernador Salomón Jara Cruz  con el reto de cumplir lo prometido cuando rindió protesta como mandatario estatal: un gobierno austero y cercano a la gente, con políticas públicas que se enfocarán en apoyar a quienes menos tienen. Combatir la desigualdad y la corrupción, recuperar la paz y generar una reparación y reivindicación histórica de nuestros pueblos y comunidades.

 pues más del 60% de la población de Oaxaca vive en esas condiciones, con una alta concentración en zonas rurales e indígenas. La falta de acceso a servicios básicos, como agua potable, electricidad y saneamiento, perpetúa este círculo de marginación.

Algunas zonas urbanas, como la capital del estado, muestran cierto desarrollo, en contraste muchas comunidades indígenas carecen de oportunidades para mejorar su calidad de vida. Esta desigualdad se refleja en el acceso a la educación y la salud. Las tasas de analfabetismo en Oaxaca son de las más altas del país, especialmente entre mujeres indígenas. Además, el acceso a servicios de salud es limitado en regiones apartadas, lo que incrementa las brechas en esperanza y calidad de vida.

Debido a que muchas mujeres emprendedoras han tenido que empeñar bienes para mantener en activo sus pequeñas empresas y en ocasiones han caído en manos de agiotistas, el gobernador Salomón Jara Cruz anunció la creación del Crédito de la Palabra Primavera, a través del cual busca impulsar a todas ellas para que continúen con sus micro negocios como papelerías, tortillerías y otras más.

Ante la decisión de la Auditoría Superior de la Federación de iniciar la fiscalización de las escuelas públicas para comprobar la correcta aplicación de los recursos asignados, la Sección 22 de la CNTE se declaró en “alerta máxima”, para impedir la revisión física y documental. A través de un documento dirigido a supervisores, secretarios generales y directores de planteles educativos, pidió “mantenerse en alerta máxima y no permitir la entrada de los auditores a las instituciones educativas, ya que hacerlo no solo vulnera la estabilidad laboral y dignidad del magisterio oaxaqueño, sino que además abre la puerta a represalias administrativas y políticas que afectan directamente la autonomía de nuestras escuelas y los derechos de nuestros agremiados”.

Tras avalar que la próxima gobernara de Oaxaca sea por dos años, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) subrayó que ello no afecta la paridad de género, en concreto a las mujeres. Respaldó el decreto número 1624, por el que se reformó el artículo 25, base A, fracción I, de la Constitución Política del Estado de Oaxaca, en el cual se estableció que las tres elecciones locales (gubernatura, diputaciones locales y ayuntamientos) se celebrarán de manera concurrente con los comicios federales. Y por única ocasión, la próxima persona electa para dicho encargo, iniciará su periodo el 1 de diciembre de 2028 y concluirá el 30 de noviembre de 2030. Establecer un mandato de dos años para la gubernatura electa en el año 2028 no viola los artículos 116 de la Constitución Federal y 69 de la Constitución local.

El Coneval solicitó de manera prioritaria el respeto y la garantía de los derechos laborales de los trabajadores que integran el Consejo con los recursos presupuestarios suficientes y necesarios para lograr esta transición. Ante la extinción determinada por el Congreso, pidió dar continuidad al proceso de medición oficial de la pobreza correspondiente a este año, cuyos resultados deberían ser presentados por el organismo en 2025. «Con estos cambios legislativos no se debe poner en riesgo la capacidad del Estado mexicano para apuntalar la lucha contra la pobreza», planteó.

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