Mientras en el sexenio pasado se pregonó la existencia de 200 organizaciones sociales que pululaban en las oficinas del Gobierno del Estado para exigir recursos económicos, la actual administración que encabeza Salomón Jara Cruz dio a conocer que sólo 20 están legitimadas y provienen de la lucha social, las restantes son fragmentaciones de ellas y sustentadas en la dádiva oficial, en presionar y chantajear para obtener tales beneficios.

Debido a que la premisa, según han dicho, es desterrar los chantajes y terminar con prácticas al margen de la ley, como bien pueden ser los bloqueos, la toma de oficinas, la retención de autobuses y otros más, los oaxaqueños esperan que se convierta en realidad y en verdad se aplique el nuevo modelo de gobierno, donde los “techos financieros” que se otorgaban desaparecieron.

Si bien se ha puesto como ejemplo a Antorcha Campesina de lo que ocurría con la entrega de recursos, pues se le otorgaban 200 millones de pesos anuales, sin que haya rendición de cuentas del dinero público, hoy se pretende que las necesidades de las comunidades en salud, educación y obras sociales se continuaran atendiendo pero con escrupulosa revisión de los recursos para evitar “obras fantasmas” o beneficiar solo a líderes sociales.

Debido a la discrecionalidad con que se manejaron en el pasado, tanto ex funcionarios como dirigentes, que gozaron de la danza de los millones de pesos sin fiscalización alguna, la tarea del gobierno en turno es evitar que aparezcan membretes de organizaciones sociales que lo mismo avalan proyectos productivos que constructoras y sobre todo erradicar a intermediarios. Ya veremos.

Quienes ignoran lo anterior son los integrantes de la Unión Campesina Indígena Popular Emiliano Zapata (UCIPEZ) que se mantienen en “plantón” frente al Palacio de Gobierno, tras su marcha para exigir atención a sus demandas y si bien amagaron con permanecer en el zócalo en caso de que no sean atendidas sus demandas, por la noche se retiraron. Exigen la instalación de una mesa de diálogo para atender temas relacionados con salud, educación, vivienda digna, rehabilitación de caminos y apoyo al campo. Nada nuevo bajo el sol, solo las mismas demandas de siempre sin que ninguna comunidad se haya beneficiado.

Javier Ramírez, primo del presidente municipal de San Mateo Río Hondo, Ángel Gerardo Ruiz Velásquez, encabeza la exigencia de una auditoría al municipe sobre el manejo de recursos otorgados por la Federación para atender los daños que dejó el paso del huracán Ágatha en mayo del 2022, además que suma más de nueve meses de no gobernar en la comunidad, ante la irritación de más de 800 familias afectadas. Esta es una de las comunidades donde la entrega de apoyos y recursos nunca se realizó y hoy los agraviados reclaman la aplicación de la ley contra presuntos actos de corrupción.

So bien es cierto hasta ahora se han contenido, Oaxaca vive un ambiente de constantes conflictos políticos y sociales, desde aquellos surgidos al amparo de los procesos electorales hasta diferencias ancestrales por la posesión de la tierra que lejos de conciliarse se han acentuado a paso de los años. La irrupción de organizaciones ha avivado las diferencias y el encono en muchas de las comunidades donde existe esta problemática, además de insistir en obtener beneficios económicos como parte de las demandas planteadas al Gobierno del Estado. Habrá que esperar la respuesta de estas organizaciones y la habilidad de Jesús Romero López, secretario de Gobierno, para enfrentarlos, pues hasta ahora han sido rounds de sombra.

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que se está tomando la decisión de convertir todos los terrenos del Fonatur en patrimonio nacional, esto porque de tiempo atrás se han hecho negocios con esos bienes “sino vamos a dejar ahí una tentación para que continúe la corrupción”. Tal es el caso de la bahía La Entrega en Huatulco, cuenta con campo de golf cuyo mantenimiento resulta muy costoso. La medida busca, además, que se garanticen las playas públicas luego que se esmeraron en gobiernos pasados en privatizarlas y “es nacionalizar, devolver al pueblo lo que es del pueblo, lo que es de la nación”.

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