Debido a que entregar medallas de oro y plata a los trabajadores al servicio del estado se convirtió en un gran negocio para dirigentes sindicales y funcionarios, la actual administración entregará este año año las comprometidas pero en 2025 ya no habrá tal entrega. El gobernador Salomón Jara Cruz admitió que desconocía tal situación pero tiene “un contenido eminentemente político”.

El STEPEIDCEO que encabeza Pedro Castillejos Villalobos exige al Gobierno del Estado más de  41 millones de pesos, los cuales se erogarán en la celebración del «Día del Empleado 2024, entre compra de uniformes, medallas y banquetes para los sindicalizados que integran los tres poderes del Gobierno de Oaxaca.

A pesar de lo anterior, se cumplirá con el compromiso debido a que está estipulado en los logros que tienen los trabajadores, pero para el próximo año ya no se hará la entrega de medallas. Todo esto, como consecuencia de que gobiernos pasados otorgaban prebendas y beneficios en especie onerosos con cargo al erario, supuestamente como conquistas laborales.

En la exhibición de acuerdos expuso el caso del hoy regidor y ex dirigente de los burócratas, Juan Rafael Rosas Herrera, a quien se le concedía  todo para controlar al sindicato y tenerlo en sus manos. “Tenía el privilegio y control de convenir con la empresa que hacía las medallas de oro y plata que se entregaba a los trabajadores, cuyo costo oscilaba entre 25 y 27 millones de pesos”. Así el escenario de cara a la próxima celebración de los trabajadores.

Al iniciar la actual administración existían 14 mil trabajadores en el Gobierno del Estado, pero todo hace indicar que se extinguirán más de 1 mil 200 bases que se entregaron en el sexenio pasado. El Consejero Jurídico, Geovany Vásquez Sagrero confirmó que suman mil 200 plazas irregulares las detectadas tras una auditoría documental realizada junto con las Secretarías de Honestidad y Administración, y que en este año se van a dar de baja esas plazas que se otorgaron de manera ilegal.

Se detectó el modus operandi de cómo se fueron otorgando cientos de plazas, algunas que no tienen ni expedientes, solo cuentan con el acta de nacimiento y la credencial de elector. Encontraron un flujo de efectivo a través de una empresa vinculada con un exfuncionario de la Secretaría de Administración, y la forma de operar fue otorgar las plazas y constituir una empresa que prestaba recursos.

Los trabajadores pedían una plaza y ellos les daban un supuesto crédito, pero lo que hacían era suscribir el crédito y no le daban el dinero. Una vez ingresado como supuestos trabajadores se les descontaban en sus quincenas para cubrir el costo de esta base. Actualmente les están cobrando por esas plazas a través de un crédito.

Avanzan las investigaciones de la Fiscalía General del Estado en torno al asesinato de Diego Ignacio Paz, estudiante de la Universidad Anáhuac, asesinado en un operativo de alcoholímetro por parte de la policía de Santa Lucía del Camino y de su compañero lesionado Josué. El fiscal Bernardo Rodríguez Alamilla confirmó que no iban alcoholizados, dejó entrever que se usaron armas de grueso calibre y por el caso, se está investigando la cadena de mando. Existen tres órdenes de aprehensión por este caso y dos policías detenidos, pero la carpeta de investigación continúa abierta, y no descarta que existan más implicados en estos hechos.

En aras de fortalecer la infraestructura en escuelas normales del estado, así como la asignación de plazas para egresados del sistema educativo, el IEEPO ha destinado más de mil 217 millones de pesos, resaltó Emilio Montero Pérez. Lo anterior ha permitido mejorar instalaciones y la asignación de 3 mil 483 plazas a docentes. Y atención a la Escuela Normal Rural «Vanguardia» en Tamazulapan con 108 millones de pesos y 28 millones de pesos en materiales educativos. Admitió la infiltración de grupos externos en los movimientos estudiantiles con intenciones de radicalizar las acciones, entre ellos, «los pozoleros» cuyos planteamientos se enfocan exclusivamente en demandas económicas.

El Instituto Nacional Electoral (INE) comenzará con la organización de la primera elección extraordinaria en 2025. La decisión se tomó partir de la publicación de la Reforma Judicial y tiene como uno de sus elementos clave la elección por voto directo de ministros, magistrados y jueces. Las campañas para quienes busquen ser electos como representantes del Poder Judicial durarán 60 días y la elección se prevé para el primer domingo de junio del próximo año.

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